Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Ley seca, guerra por agua

Hace diez años algunos ambientalistas extremos decían que las guerras y los muertos del futuro serían por agua. Todos, incluido yo, creímos que eran exageraciones. Las confrontaciones recientes en Capitanejo (Santander) nos muestran que la predicción es cierta.

En las zonas secas, la escasez de agua significa la muerte de ganado y la pérdida de cosechas. Esto ya había pasado en 2014, pero ahora la falta de agua también significa confrontaciones entre grupos humanos que luchan por un líquido esencial y escaso. Hoy, más de 130 municipios tienen un fuerte déficit en el suministro de agua para consumo humano y se estima que están en alta vulnerabilidad otros 300 municipios.

Retomando el conocido caso de Capitanejo, allí sólo se logra tener acceso al agua una hora al día y las actividades en los colegios quizá no se puedan reanudar. Ya se están dando confrontaciones entre pobladores locales. El alcalde propone construir un acueducto que tome agua del río Nevado. Lo malo es que éste se alimenta principalmente de los glaciares del Cocuy, que están desapareciendo.

El país no se ha preparado de manera suficiente para enfrentar los climas extremos. La corrupción y la politiquería siguen imperando en algunas CAR, mientras otras están asumiendo sus responsabilidades y empiezan a avanzar en proyectos de recuperación de cuencas. Desde los gobiernos nacional, regional y local aún falta mucho por hacer, y la ciudadanía también debe tomar posiciones y acciones que signifiquen asumir las responsabilidades comunitarias e individuales que todos tenemos. Como prioridad nacional debemos hacer realidad que todo propietario maneje su predio conservando y gestionando la función ecológica de la propiedad, enunciada en la Constitución, y que los municipios cumplan con su función protectora del patrimonio ecológico.

El ordenamiento territorial —explícito en la Constitución— avanza precariamente en su aplicación. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Ley 1454 de 2011) señala la sostenibilidad ambiental y la diversidad cultural y geográfica del país como principios rectores de ordenamiento territorial y dice que éste debe fundamentarse en la función social y ecológica de la propiedad y en la prevalencia del interés general sobre el particular. El Gobierno Nacional debe implementar, coordinar y darle coherencia al marco normativo de políticas e instrumentos de ordenamiento territorial. Cada día es más urgente la delimitación de páramos y humedales en escala 1:25.000 y la radical prohibición de actividades mineras en estos ecosistemas estratégicos.

El ordenamiento ambiental territorial y la identificación y protección de la estructura ecológica principal debe ser condición previa para cualquier intervención en áreas de alta biodiversidad y fragilidad ecosistémica, tanto para el desarrollo agroindustrial como para la implementación de los acuerdos de La Habana y los compromisos de la Cumbre Agraria.

Para conservar y recuperar los recursos hídricos y evitar confrontaciones por el agua, todos debemos actuar. Evitemos pelear por el acceso al agua, concentrándonos en la conservación de las cuencas. No se requieren nuevas leyes; se deben aplicar de manera implacable las existentes. El agua es vital para todos y el riesgo de no tenerla aumenta día a día.

 

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