Por: Tatiana Acevedo Guerrero

Líderes

Johan Alexis Vargas Torres era un hombre de 25 años.

Prestó servicio militar obligatorio. Se graduó de tecnología en manejo integral de cultivos del Sena Regional Tumaco. Era directivo de la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes, Conafro, y miembro de la Marcha Patriótica. Murió hace ocho días cuando recibió siete tiros en la vereda San Luis Robles, perteneciente al Consejo Comunitario El Rescate Las Varas, zona rural de Tumaco. Volvía a su casa después de jugar un amistoso de fútbol.

La defensora regional del Pueblo dijo que a través del sistema de alertas tempranas se habían solicitado medidas de protección. De acuerdo con El Diario del Sur, las Autodefensas Gaitanistas, con presencia en el corredor de la costa y el piedemonte nariñense, pueden estar detrás del asesinato. Aunque también podrían estar las Farc o el Eln. Guerrillas, paras y narcos organizados se han turnado en la misión de acabar con los consejos comunitarios y la titulación colectiva de tierras. Genaro García, otro líder, representante legal del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, una zona rural en Nariño, fue asesinado hace cinco meses.

Nelly Amaya era una mujer en sus cuarenta. Madre de tres hijos. Líder comunitaria y miembro de la Marcha Patriótica, era la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Guamalito en San Calixto, Norte de Santander. Murió hace dos semanas cuando recibió cinco tiros mientras trabajaba. Según Olger Pérez, dirigente de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, Amaya era una respetada mujer por “su manera de trabajar por la comunidad”. Pérez, quien fue víctima de un atentado a su hogar hace tres meses, alertó sobre los “constantes seguimientos contra los líderes del Catatumbo”.

Antes de la navidad, en noviembre de 2015, otras dos comunidades perdieron a sus líderes. El Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA, denunció el asesinato de Ignacio Ernesto Males Navia, concejal del municipio de Almaguer, sur del Cauca (“denunciamos las continuas agresiones de las que viene siendo víctima el proceso organizativo campesino e indígena del municipio de Almaguer”). Y, organizaciones de Casanare denunciaron el asesinato del defensor de derechos humanos Daniel Abril, en una panadería de la ciudad de Trinidad. Abril era uno de los líderes del proceso en contra de los abusos cometidos por empresas petroleras en el departamento.

Entre enero y agosto de 2015 fueron asesinados otros 69 líderes comunitarios. De acuerdo con voceros de la ONU, los principales afectados son los “líderes de la izquierda a nivel local” y los “representantes afrodescendientes de los consejos comunitarios en la región Pacífico”.

El Pacífico, el Catatumbo, Casanare, el Macizo Colombiano. Todas las zonas en las que comunidades amanecen entre la minería o la coca, el puerto o la palma se siguen quedando sin líderes. Hay fotos de ellos y ellas. Se leen sus historias en cubrimientos periodísticos, en denuncias públicas, en testimonios de las familias. Pero, mientras algunas agencias del Estado (como las defensorías regionales) bregan contra los asesinatos y registran los hechos, otras recogen esta información para ignorarla. La conocen pero la ignoran activamente. Porque el Estado colombiano, además de medir, saber, contar y acumular información, también hace cotidianamente la tarea de ignorar.

 

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