Por: Rodolfo Arango

Lo político y lo jurídico

Las fronteras disciplinares son siempre difíciles de trazar.

Dónde termina la química y empieza la biología, dónde la filosofía y la literatura, son cuestiones complejas para algunos, carentes de sentido para otros. Los límites entre campos del conocimiento son fluidos, porosos; existen sólo en los libros de texto. Algo similar pasa con la política y el derecho, entre la legitimidad y la validez de un orden normativo. La expresión máxima de esta ambigüedad es la constitución de un pueblo, simbiosis de pacto político y norma fundamental. Las aspiraciones escritas en el texto supremo sólo letras serán si no cuentan con la voluntad colectiva de todos para cumplirlas.

Immanuel Kant aportó elementos para dilucidar la pregunta en un ámbito de gran importancia práctica: la realización del fin conducente a una paz firme y duradera. Afirma el filósofo alemán en Sobre la paz perpetua que “no basta para este fin la voluntad de todos los individuos de vivir en una constitución legal según los principios de la libertad (la unidad distributiva de la voluntad de todos) sino que es preciso, además, que todos conjuntamente quieran esta situación (unidad colectiva de la voluntad unificada) para que se instituya el todo de la sociedad civil” (Madrid: Alianza 2009, 84-85). El paso de la guerra a la paz, del estado de naturaleza al estado de civilidad, supone una voluntad unificada. Sin ella, toda paz es frágil, pasajera.

La intencionalidad colectiva necesaria para instituir una efectiva sociedad civil no presupone el consenso de todos sobre los contenidos de la constitución, algo imposible en un mundo pluralista. La eficacia al pacto depende de una cierta disposición de ánimo: una actitud que supedita lo particular a lo general para permitir hacerlos compatibles. La intención compartida de vivir bajo un mismo orden normativo no sólo supone limitación de los intereses propios en aras de la convivencia con otros, respetando sus diferencias. También implica la renuncia al uso de la violencia para alcanzar objetivos políticos. Algo que ya avizoramos en el horizonte, pero que debemos interiorizar en nuestros corazones y cultivar cual enseñanza histórica colectiva.

Vivir bajo una constitución, siempre revisable a la luz de los cambios, exige lealtad a un marco normativo de acción común. La racionalidad de lo político debe ceder a la razonabilidad de lo jurídico si queremos superar el conflicto armado. El tránsito de una esfera a otra exige solidaridad con propios y ajenos, pese a disensos o desacuerdos. Acudir a las armas es instrumentalizar al otro, es verlo como un mero medio de los propios fines. El puente entre lo político y lo jurídico es la actitud ética. La disposición individual a considerar las aspiraciones de los demás como propias, con miras a construir una realidad social compartida y aceptada por todos, impide que los fines políticos de los unos desconozcan los derechos de todos.

En momentos de crisis es cuando más se exige grandeza a los espíritus. Al romanticismo que llama a la conflagración es necesario oponer la ponderación de la razón. Optar por politizar las instituciones es contribuir a su debilitamiento. Esto porque de lo que se trata no es de dominar las instancias de poder existentes a favor de unos, sino de ejercerlas con justicia en bienestar de todos, dando a cada cual lo que le corresponde. Es el ejercicio ecuánime del poder lo que funda civilizaciones. Algo que se aprende con el tiempo, en ocasiones de manera lenta y tortuosa. Razón de más para perseverar en la tarea.

 

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