Por: Francisco Gutiérrez Sanín

Lo probable y lo improbable

Lo probable en Colombia es que ocurran hechos como el ataque de un violador y homicida contra una niña desplazada, o la amplia colaboración de empresarios en el Bloque Bananero.

Simplemente el país ha estado sometido a, e involucrado en, demasiados horrores y demasiadas distorsiones durante demasiado tiempo. Lo improbable, por exactamente las mismas razones, es que esos hechos se identifiquen, se nombren como lo que son, y sean procesados por nuestras instituciones. En ese sentido esta semana, aún en medio de estas noticias de espanto, ha sido relativamente buena.

En ambos eventos había temores análogos. Con respecto de Yuliana Samboní, se trataba de una niña en estado de absoluta vulnerabilidad (por su situación socioeconómica, por provenir de medios rurales, por su género) asaltada por un predador muy bien conectado. Miles de colombianos nos preguntamos si el tipo podría salirse con la suya, si la deferencia y las conexiones lo ampararían. Sin embargo, la investigación ha avanzado por cauces normales y de manera ágil. Cierto: bajo una admirable presión social. Pero conozco tantos casos en que no hay presión que valga... A propósito: estuve totalmente de acuerdo con que mandaran a la Policía a proteger al tipo. ¿O es que lo que se quería que lo lincharan?

Lo que falta aquí es una respuesta coherente en términos de política pública a la violencia sexual y a la violencia contra la mujer (dos fenómenos diferentes, pero con una amplia intersección), que han adquirido en Colombia proporciones epidémicas. Algunos políticos han tratado de cabalgar sobre la cresta de la ola de la indignación nacional con proyectos de ley que podrían funcionar o no, pero que no parecen basarse en ninguna evidencia. Me temo que en este terreno falta mucho. Construir una política pública seria, combinando elementos punitivos, pedagógicos, de prevención, de información y de ampliación incesante de derechos tendría que ser una absoluta prioridad en el país. Esto pasaría necesariamente por empujar al aparato educativo cada vez más lejos de la versión estrechamente tradicionalista de las mujeres y de la familia. ¿Hay otra opción? En este momento, Colombia es una fábrica de maltratadores y violadores. Decirlo duele: pero es verdad. Esto por supuesto no quiere decir que todo el mundo sea un Rafael Uribe. Sí quiere decir en cambio que el fenómeno está muy generalizado. Se trata de un mal que afecta a todas las regiones, todas las corrientes políticas, todas las edades, todos los estratos. Esa es la mala noticia. La buena es que precisamente por eso tendría que haber millones de colombianos interesados en plantarle cara en serio.

Con respecto de la declaratoria por parte de la Fiscalía de la financiación de paramilitares como delito de lesa humanidad (en el caso del Bloque Bananero), creo que es un avance importantísimo. En realidad, la cosa va mucho más allá: los paramilitares fueron no sólo financiados, sino apoyados orgánicamente de muchas maneras por poderosos actores que estaban supuestamente en la legalidad. Esto es lo que ha mostrado la evidencia una y otra vez. Recientemente lo volvimos a refrendar, desde una nueva perspectiva, Jenniffer Vargas y yo en un libro que editamos sobre “El despojo paramilitar y sus variaciones” (ya en librerías). Pero que lo diga la Fiscalía es otra cosa. Esto revela el potencial enorme de la paz: no “una cacería de brujas” (la frase código de los uribistas para nombrar sus temores a la verdad), sino un sinceramiento nacional que, con un mecanismo concreto (la justicia transicional), permita reconstruir este país sin desestabilizarlo irreparablemente.

Como muchos, sentí desconfianzas y malestares por el nombramiento de Martínez como fiscal. Pero en estos dos casos concretos su Fiscalía lo ha hecho muy bien. Cada vez más, me obligo a hacer reconocimientos más allá de las fronteras invisibles. Hoy lo hago con gusto.

 

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