Por: César Ferrari

Lo que se viene

Si solo se considera el contexto interno, y solo el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las FARC, refrendado por el Congreso, y bendecido por la Corte Constitucional al aprobar la vía rápida legislativa para la implementación de los acuerdos, 2017 podría ser un buen año.

Los beneficios del Acuerdo son inmensos y reales; los costos son ideológicos. Los muertos, heridos, dolores y miedos que dejarán de producirse son invaluables. Son beneficios claros los gastos militares que se liberarán para invertirlos en otros fines, la reducción de costos en la construcción y mantenimiento de infraestructura, la liberación de tierra y de jóvenes para emplearlos en actividades económicas. Deben considerarse también el desarrollo del turismo en áreas atractivas hasta ahora inalcanzables por el conflicto, el desarrollo agrario y rural posibilitado por el fin de un conflicto llevado a cabo en el medio rural, y el desarrollo de mercados que todo lo anterior significa. Probablemente, lo más significativo será el ahorro en costos de seguridad que harán las empresas, lo que elevará su competitividad y, por lo tanto, su capacidad de vender en los mercados, de aumentar su producción y, con ello, de generar más empleo. 

Pero no todo es tan positivo. La reforma tributaria que acaba de aprobar el Congreso complica las perspectivas. La reforma incluye: Elevación de la tasa general del impuesto al valor agregado (IVA) de 16 a 19 por ciento, exceptuando la canasta básica (no todos sus elementos) que continuará en cero por ciento; reducción a 34 por ciento de la tasa nominal del impuesto a las utilidades de las empresas y eliminación del CREE; mantenimiento del gravamen a las transacciones financieras en 4 por mil; establecimiento del impuesto a los dividendos a una tasa de 5 por ciento por sumas mayores a 18 millones de pesos y de 10 por ciento por encima de 28 millones;  eliminación del impuesto a la riqueza a las personas naturales y jurídicas.

Esa reforma, que agravará la dependencia de los impuestos indirectos, inducirá un aumento significativo en la inflación y una reducción elevada en el crecimiento de la economía. El empleo de un modelo de equilibrio general computable permitió proyectar esos comportamientos entre 2017 y 2020. Los incrementos adicionales a la inflación serían de 1.17 puntos porcentuales en el 2017, 0.36 en el 2018, 0.07 en el 2019 y una reducción de 0.01 en 2020. La reducción en la tasa de crecimiento del PIB sería de 1.71 puntos porcentuales en 2017 y de 1.17 en 2018; en 2019 se daría un pequeño incremento de 0.04 y en 2020 de 0.18.

Las razones de dichos comportamientos son transparentes: el IVA lo pagan los consumidores y su aumento es traslado a los mismos. Este aumento de precios implica una caída del ingreso de los consumidores en términos reales, que se traduce en una menor adquisición de bienes y servicios y, por lo tanto, en menores ventas, menor producción y menor empleo.

Esa reforma tributaria es un hecho. No contribuirá al crecimiento de la economía pues no mejorará la competitividad de las empresas. Tampoco contribuirá a una mayor equidad pues los aumentos de impuestos afectan más a las personas de menores ingresos que a las de mayores ingresos.

¿Será posible, algún día, lograr una verdadera reforma tributaria estructural que cambie la tributación de tal manera que recaiga principalmente sobre los impuestos directos y no sobre los indirectos, y sobre las personas naturales más adineradas que sobre las empresas, como es en el mundo desarrollado? En todo caso, mientras llega la verdadera, que tengan un 2017 mejor que lo que sugiere la reforma actual.
 

*Profesor Titular, Pontificia Universidad Javeriana, Departamento de Economía.

 

 

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