Los ciudadanos de la calle

Los habitantes de calle son ciudadanos con plenos derechos y son nuestros vecinos en la ciudad.

Por ello, es lamentable que el alcalde Enrique Peñalosa quiera llevarnos al pasado con la legitimación de una estrategia de intervención institucional que viola la dignidad humana y de paso culpa a la Corte Constitucional de un problema que es de su competencia.

Las imágenes de los últimos días en Bogotá son desgarradoras. Los habitantes de calle que se ubicaban en el sector de El Bronx han sido desplazados de distintos lugares del centro por parte de la Policía, en respuesta a las quejas de los vecinos. Cada día la Policía, incluyendo al ESMAD, mueve un gran número de habitantes de calle de un lugar a otro, incluyendo sitios peligrosos o residuales, como si fueran cosas que no tuvieran derecho a estar en ningún lugar. De hecho, en ocasiones los mueven a las 3 de la mañana cuando están durmiendo. La indignidad llegó hasta tal punto que el jueves pasado un grupo de habitantes de calle fue arrinconado en el caño de la calle 6 con carrera 30, y durante las horas de la noche el caño se creció y se llevó a varios de ellos, sin que a la fecha exista un reporte independiente de lo ocurrido, como lo reportó el canal Caracol. En los últimos días, la situación se ha agravado aún más con la aparición de panfletos amenazantes contra ellos y las reacciones violentas de algunos comerciantes, que hace temer situaciones violentas como la “limpieza social”. 

La intervención de El Bronx era necesaria por razones de seguridad ciudadana y en esto el alcalde tiene razón. Sin embargo, la preponderancia de una acción policial sin la debida planeación de la atención social de las personas que allí habitaban, es un acto de improvisación digno de la administración de Petro. Los servicios actuales para atender a los habitantes de calle no sólo no son suficientes sino que además no atienden a las condiciones sociales y culturales de un problema tan complejo. Para responder a esta crisis, la Alcaldía ha expresado que la responsabilidad no reside en la administración sino en la jurisprudencia de la Corte Constitucional que no les permite obligar a los habitantes de calle a entrar en los programas de rehabilitación. La culpa es de la Corte, dicen los funcionarios de Peñalosa y algunos medios de comunicación que les han hecho eco. A su juicio les faltan herramientas jurídicas para atender la crisis. Con todo respeto, eso es buscar el ahogado río arriba y de paso querer violar la Constitución con tratamiento obligatorios para los habitantes de calle.

La Corte Constitucional, en la Sentencia T-043 de 2015 de los magistrados Palacios, Pretelt y Sáchica, dejó clara la doctrina del respeto constitucional a los habitantes de calle que no sólo no debe ser cambiada sino que debe ser leída con atención. La Corte dijo que ellos han sido un grupo discriminado y excluido por asociarlos al “vicio, la locura y la delincuencia”, exactamente lo que hace el gobierno de Peñalosa, algunos medios de comunicación y amplios sectores de la comunidad. También la Corte recordó que tuvimos leyes estigmatizantes contra los habitantes de calle, como la ley de “vagos, maleantes y rateros” o el Decreto 522 de 1971 que ordenaba enviar a colonias agrícolas a quienes ejercieran la mendicidad. A este pasado autoritario parece querernos llevar los “técnicos” de la actual administración.

La Corte fue clara y contundente: en Colombia no existen políticas perfeccionistas frente al buen vivir, y los habitantes de calle tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad como todos los demás ciudadanos. Esa jurisprudencia no puede cambiar porque es una materialización directa del artículo 16 de la Constitución, la Ley 1641 de 2013, y porque ellos no están cometiendo ningún delito ni contravención y, por tanto, no se les puede vulnerar su libertad personal.

Lo que sí debe cambiar es la actitud de Peñalosa frente a esta crisis humanitaria que prefiere echarle el agua sucia de su improvisación a la Corte Constitucional. La actual política sobre los habitantes de calle en Bogotá no está beneficiando a nadie: ni a los habitantes de calle, ni a los vecinos, ni a la ciudad en general. Sin duda no es un tema fácil y deben explorarse soluciones de política social que integren soluciones que respeten la libertad, la propiedad, la salud y, en general, la atención integral de los habitantes de calle. Esta discusión no es sobre la vanidad de un alcalde y sus opositores, es un debate sobre la Bogotá que queremos para todos. Bien lo dijo la Corte: “las condiciones de los habitantes de la calle resultan ser un buen rasero para evaluar la vigencia real de un Estado social y democrático de derecho”.
                                            
* Investigador de Dejusticia malbarracin@dejusticia.org Twitter @malbarracin