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Los costos de Ser Pilo

Salomón Kalmanovitz
28 de marzo de 2016 - 02:00 a. m.

Claudia López soltó el dato de que el costo por estudiante de la universidad pública era de $5’000.000, mientras que el del programa Ser Pilo Paga era de $18 millones.

El programa, por lo tanto, tendría una cobertura cuatro veces superior, de 40.000 estudiantes más, si esos fondos fueran a las universidades públicas.

Ella reconoció, sin embargo, que la mayor parte de las universidades públicas regionales están capturadas por el clientelismo y la corrupción, lo que deteriora su calidad. La Universidad de Cartagena, por ejemplo, cuenta con 70 % de estudiantes catalogados en el Sisbén uno y dos, que es el universo del cual surgen los candidatos al programa Ser Pilo. Esta universidad tuvo pérdidas por $15.000 millones en 2013 por corrupción, muchos profesores no están calificados y otros no asisten a clases; las “elecciones” de rector y decanos son una feria de favores, los edificios están en mal estado y los sanitarios no funcionan. Algo similar, aunque en menor escala, sucede en la Universidad del Tolima, que está prácticamente quebrada, y otras que solían mostrar buena calidad se han deteriorado en la medida en que han sido tomadas por los políticos.

Hay tres universidades públicas de buena calidad, que son Nacional, Antioquia y Valle. En la Nacional sólo el 21 % de sus estudiantes de pregrado surgen de hogares en el Sisbén uno y dos y 68 % de familias acomodadas que no pueden optar por el subsidio (Éccole!). El presupuesto de la UN es $1,6 billones, de los cuales la Nación gira $0,9 billones, que incluyen un parafiscal (estampilla) de $40.000 millones. El costo unitario (por 53.000 estudiantes, incluyendo los de posgrados) es de $28,5 millones, de los cuales $17 millones son directamente fondos de la Nación. El resto son recursos propios, como matrículas, investigaciones y consultorías, lo cual es un mérito grande y que comparte con las otras universidades públicas de calidad. Lo que se demuestra es que los costos del programa Ser Pilo, dado su nivel de calidad y que incluyen mesadas de sostenimiento, están por debajo del costo de la buena educación pública.

Los bachilleres de familias en Sisbén uno y dos son 430.000 o sea que la cobertura del programa de 12.000 estudiantes por año es de sólo 2,8 % de ese universo. Pero las universidades públicas acreditadas tienen una cobertura similar, de 14.000 bachilleres, del mismo universo. Dados los altísimos resultados requeridos en el examen de admisión para acceder a la universidad pública de calidad, si se les hiciera la transferencia de los $375.000 millones, seguiría focalizado en los hogares que cuentan con computadores, bibliotecas y padres educados que contribuyen al alto rendimiento de sus hijos.

¿Qué hacer? Me parece que hay que fundar varias universidades públicas de investigación (4G), dotadas de generosos presupuestos, de 50.000 estudiantes cada una, localizadas en las regiones, organizadas por mérito y blindadas de la política. Sería bueno dotarlas de administradores profesionales, restringiendo el democraterismo que facilita su captura por grupos internos y externos. Se podría ir marchitando las instituciones de mala calidad, cuyos presupuestos irían a fortalecer las nuevas.

Se podría establecer en todo el sistema cuotas para los bachilleres de los hogares más pobres, cuyos méritos hayan sido reconocidos en los exámenes de admisión, aunque no hayan podido desarrollar sus facultades al igual que los de hogares privilegiados.

 

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