No alcanza la platica

LA PERSISTENTE DEBILIDAD POLÍtica del Estado colombiano le ha impedido monopolizar el uso legítimo de la fuerza y hacer presencia a lo largo y ancho del territorio nacional. Según un informe de 2014, De Justicia afirma que el Estado no llega ni presta servicios en el 60% del territorio, lo que deja a seis millones de ciudadanos en una situación de “apartheid institucional”. Este problema salió a relucir a raíz del secuestro de periodistas en el Catatumbo, una de las tantas zonas olvidadas por el Estado, que hace parte de la última de las tres Colombias que plantea la senadora Claudia López en su reciente libro.

Es la Colombia rural, pobre y aislada de las otras dos, además de no tener Estado pues éste no se manifiesta sólo en alcaldías y gobernaciones sino en su capacidad de consolidar el monopolio de la seguridad, la justicia y la tributación. Es la Colombia que carece de legitimidad y democracia, usurpadas por jefes mafiosos y guerrilleros, terratenientes y paramilitares. Esta Colombia requiere construir ciudadanía, Estado y mercado para articularse con las otras dos, focalizando esfuerzos e inversiones para alcanzar una paz territorial.

Los altos costos requeridos para solucionar esta situación histórica no son exclusivos del mal llamado posconflicto, sino que siempre se han necesitado para lograr una Colombia unida y libre de guerras intestinas. En la situación actual de crisis financiera del país, luego de que los gobiernos desperdiciaran la pasada bonanza económica y debilitaran al sector industrial, hay diversas expectativas sobre la tan anunciada reforma tributaria. Más que factores externos, las incertidumbres sociales y la polarización política han aumentado la inestabilidad de la economía.

El proyecto de reforma tributaria, elaborado en 2015 por la Comisión de Expertos nombrada por el Gobierno, es un entramado de cifras, estadísticas, planteamientos, diagnósticos y propuestas que reflejan la jerigonza tributaria en que desembocó uno de los países más inequitativos de la región y con mayor porcentaje de su fuerza laboral en el llamado rebusque. En medio de este panorama y del enfoque neoliberal predominante en el manejo de la economía, la esperada propuesta del Gobierno es un albur.

Al tener en cuenta las numerosas zonas olvidadas por el Estado, el tema central de la propuesta debería enfocarse en aclarar el enigmático catastro para asegurar la legítima propiedad de los predios y definir así los impuestos respectivos, con beneficios para el campesinado. En la misma dirección, los impuestos municipales deberían establecerse con una supervisión externa excluyente de intereses terratenientes. Los impuestos departamentales también deberían tener una estricta supervisión externa.

Entre los innumerables problemas tributarios adicionales que habría que solucionar está el de limitar los impuestos indirectos que castigan el consumo de productos básicos de la canasta familiar. También, eliminar las excepciones tributarias a empresas y proyectos supuestamente favorecedores del desarrollo, además de corregir los trucos de enriquecimiento fácil mediante abruptas valorizaciones como la creación de zonas francas. En una nación con Estado laico y libertad de cultos, en la que a causa del abandono de los pobres por parte de jerarquías católicas proliferan como negocio las iglesias cristianas, las religiones deberían ser incluidas en la tributación. Aunque no tiene relación directa con el tema, no sobra mencionar la necesidad de corregir la voracidad de los bancos que acumulan capitales hasta en las recesiones.

Como puede verse, la actual coyuntura económica y política –en la que no alcanza la platica– se presta para agitar el candente tema de la tributación, en un país caracterizado por su arbitrariedad en este asunto central para la construcción de Estado.