Por: Patricia Lara Salive

No más consultadera

Debe haber claridad: en su condición de máximo responsable del orden público, el presidente Santos no sólo puede refrendar el acuerdo de paz con las Farc por la vía del Congreso —el cual además no tenía ninguna obligación de someter a plebiscito—, sino que está en el deber de hacerlo y de implementarlo lo antes posible:

Cinco atentados el pasado fin de semana contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, en los que dos resultaron muertos; más otros 30 asesinatos ocurridos después de que entrara en vigencia el cese al fuego bilateral y definitivo; más el incidente en el que fueron dados de baja dos guerrilleros de las Farc, son prueba de que la situación es alarmante. Por ese motivo, es indispensable echar a andar de inmediato los mecanismos de verificación y las garantías de seguridad contempladas en el acuerdo, y ponerles punto final ya a la indefinición y a la consultadera con los representantes del No.

Suficiente tiempo se les dio para que discutieran. Muchas de sus propuestas fueron acogidas. Y todas fueron llevadas por los negociadores del Gobierno ante las Farc, que constituían la otra parte de la negociación y que, como se sabía, se negaron a aceptar lo que para ellas eran sus líneas rojas: la posibilidad de que sus dirigentes no fueran elegidos congresistas y de que pagaran su pena en cárceles con barrotes.

Y se llegó a un nuevo y mejor acuerdo. Ahora la prioridad es aprobarlo e implementarlo y, ante todo, garantizar como sea la seguridad de los miembros de las Farc, de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos, para que por favor no se repita el plan de exterminio que hubo contra la Unión Patriótica.

El Gobierno debe ser implacable en su acción contra el paramilitarismo, no importa de dónde provenga. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, tiene que mostrar resultados ya en sus investigaciones. El país tiene el deber de reaccionar y salir de la nefasta polarización: mucho daño le hace esa concepción de que Colombia está dividida entre buenos y malos, porque ella acaba por darles argumentos a los violentos de todas las especies para exterminar a sus supuestos “enemigos”. Su lenguaje, senador Uribe y doctor Óscar Iván Zuluaga, tiene que cambiar: como decía el presidente Alberto Lleras, un discurso en el Parlamento se convierte en veinte mil muertos en las veredas. ¡Atención! ¡Que la palabra no desate de nuevo la violencia! El senador Iván Cepeda le solicitó al fiscal general que determine la “posible comisión de los delitos de instigación a delinquir e injuria, por parte del alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez”, los cuales pudieron desencadenar los atentados ocurridos contra los líderes de la zona. Se requiere que Martínez Neira actúe de manera ejemplarizante en este caso. No se puede tolerar que dirigentes públicos pongan en la mira a futuras víctimas.

Es hora de pasar la página y de cerrar filas para apoyar ese nuevo acuerdo de paz que, además, va a ser muy positivo para el país y que no va a traer ninguna consecuencia que pueda asustar a los militares ni a los empresarios (los planteamientos agrarios del acuerdo están mucho menos a la izquierda que los contemplados en los años 60 en la reforma agraria de Carlos Lleras, ¡por Dios!). El acuerdo va a modernizar el campo, a integrar al país olvidado, a expandir la democracia, a enseñarnos a convivir con los que piensan distinto y, ojalá, a alejarnos poco a poco de nuestra adicción a la violencia. ¡Apoyémoslo, pues, con tranquilidad y entusiasmo!

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