Por: Jaime Arocha

Paro arrullado

“Yo no le cobro no", le dijo el chófer de la Highlux a Rudecindo Castro cuando llegaron al atrio de la catedral de Quibdó con la imagen de San Pacho. “Nunca había estado tan cerca del santo”, añadió el conductor, y Castro dedujo que no se había equivocado al vaticinar que abrir el paro cívico con un arrullo en honor al venerado patrono de Quibdó convocaría a una multitud de manifestantes.

Yo sabía de la idea, porque ese miembro del Comité Cívico Departamental por la Salvación y Dignidad del Chocó me había llamado para asegurarse de que Orula era el oricha que se escondía por detrás de la imagen franciscana. La inauguración étnica de la movilización enrrutó varios de los acuerdos logrados entre el 22 y el 24 de agosto, un día antes de que el presidente Juan Manuel Santos hiciera oficial la conquista más significativa en la historia contemporánea del país, “Hemos alcanzado un acuerdo final, completo, definitivo, para poner fin al conflicto armado con las Farc…”

Uno de los compromisos que el gobierno suscribió con los chocoanos dentro del capítulo referente a productividad consiste en fortalecer unidades familiares basadas en la mano cambiada y en “las formas tradicionales y alternativas de producción, la propiedad colectiva del territorio y la conservación de la biodiversidad”. Pese a que esta opción es consecuente con la reforma rural integral pactada en La Habana, urticó a los negociadores del Ministerio de Agricultura y al Secretario Departamental de ese ramo, obnubilados por la agroindustria como panacea del desarrollo.

El giro étnico también se manifestó en que la reingeniería institucional pactada involucre el trabajo mancomunado de los Ministerios del Interior, Agricultura, Minas, Educación, Cultura, Ambiente y Desarrollo Sostenible para que —transcurridos 23 años y antes de julio de 2017— al fin queden reglamentados los siguientes capítulos de la Ley 70 de 1993, referente a los derechos de las comunidades negras: IV, uso de la tierra y protección de los recursos naturales y del ambiente; V, recursos mineros; VI, protección y desarrollo de los derechos y la identidad cultural, y VII, planeación y fomento del desarrollo económico y social.

Y en cuanto a educación y cultura, la guía de los acuerdos consiste en el Plan de Acción de las Américas Decenio de los Afrodescendientes 2016-2025 y la Ley 70 de 1993. De ahí el énfasis en programas de etnoeducación, en la reivindicación de los “cultores que forjaron la nación chocoana”, en la creación de una escuela de arte popular, la formación de gestores culturales y la construcción de una biblioteca pública departamental.

La amenaza a estas formas de etnodesarrollo podría consistir en el ambicioso programa de construcción de carreteras que fue pactado. De procesos rigurosos de consulta previa y licenciamiento ambiental dependerá que vías como la que conectará a la región del San Juan con el golfo de Tribugá no faciliten la entrada de más maquinaria para la minería ilegal, más deforestación, más colonización y desplazamiento de las poblaciones ancestrales. Una firme intervención estatal logrará que el acuerdo firmado en Quibdó no ponga en riesgo el suscrito el La Habana.

* Miembro fundador, Grupo de Estudios Afrocolombianos, Universidad Nacional.

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