Paro obrero, justicia económica y control de precios

En Colombia necesitamos justicia económica y redistribución del ingreso.

No está de más que nos lo recuerden las centrales obreras con el paro. Pero el apego a los controles de precios es una reliquia soviética que nuestra izquierda tiene que dejar atrás.

Exigir que se reduzca y congele el precio de la gasolina y se mantenga constante el de la canasta familiar demuestra una decencia fundamental: la de quien pide que le ayuden con necesidades básicas, tales como llegar al trabajo y alimentar a su familia, y no con gastos frívolos. No obstante, los controles de precios tienen dos fallas graves: benefician a mucha gente que no los necesita y generan escasez. Hay mejores soluciones a los problemas de los trabajadores.

Si se congela, por ejemplo, el precio de Transmilenio, es cierto que a las personas de bajos ingresos les costará menos llegar a trabajar, y el ahorro contribuirá a su economía familiar. Pero no todos los que se desplazan en transporte público necesitan esa ayuda, sino que también se benefician personas a quienes 400 pesos más al día no les descuadran las cuentas. ¿Será que la Confederación General del Trabajo cree que es tan importante reducir los gastos en Transmilenio de los ejecutivos del norte que tienen pico y placa como ayudar a los trabajadores que viajan de Usme a Usaquén? El dinero que innecesariamente le dejaría de entrar al sistema se puede usar mejor.

Aún más grave es la escasez generada por los controles de precios. Estos son la razón por la cual en Venezuela hay gente cuya profesión es hacer fila por los demás para tratar de comprar leche, huevos y pan. Cuando se congela un precio es fácil que quede por debajo del costo del bien en cuestión, por idóneos que sean los cálculos del gobierno. Y si, por ejemplo, un campesino sabe que la papa no se la van a pagar ni siquiera a lo que le costó producirla, no va a sembrar papa. Lo mismo les pasaría a los productores de los demás bienes de la canasta familiar, del arroz hasta la zanahoria, pasando por limpiadores, llantas, matrículas y neveras.

Casi todos estos problemas se pueden evitar concentrándose en exigir un salario mínimo aún más alto, el cual interfiere relativamente poco con las decisiones de producción de los proveedores de la canasta familiar.

Con un salario mínimo más alto, un ejecutivo no recibiría un recorte de gastos mensuales en Transmilenio que le permitiera comprar otro cappuccino en Starbucks (como lo recibiría de congelarse los precios del transporte). Pero la cabeza de familia típica que se gana el mínimo sí podría pagar un día adicional de alimentación para uno de sus hijos.

Muchos economistas dirán que el salario mínimo también es un control de precios en el mercado laboral, que crea desempleo e informalidad. Este es un punto de vista que hay que tener en cuenta. Pero aún si la cuestión es elegir entre un solo control de precios (el salario mínimo) y cientos de ellos (toda la canasta familiar), quedémonos con uno solo bien hecho.

Líderes sindicales: justicia económica sí, controles de precios no.

Luis Carlos Reyes, Ph.D., Profesor Asistente, Departamento de Economía, Universidad Javeriana