Paro y redistribución de ingresos

Luis Carlos Reyes
17 de marzo de 2016 - 02:00 a. m.

Las transferencias directas del estado a los trabajadores son un mecanismo aún mejor que el salario mínimo para garantizarles un ingreso justo.

Qué lástima que cada año debatamos y regateemos qué tanto debe compensar la sociedad a quienes laboran de sol a sol, porque la respuesta debería ser obvia: es indigno de nuestro país que a una familia trabajadora le falten las necesidades básicas. Nuestro ingreso nacional alcanza de sobra para evitar que esto suceda, y tienen razón los trabajadores en salir hoy al paro.

El salario mínimo es la principal herramienta a la que acudimos para lograr esta meta, pero tiene dos características inconvenientes. La primera es que cuando el mínimo sube mucho puede generar desempleo, ya que aumentan los costos de producción de los empleadores hasta un punto en el que deja de ser rentable contratar tanta gente. La segunda es que el salario mínimo genera incentivos para la informalidad. A ningún trabajador le interesa denunciar a un empleador que no le puede pagar el mínimo y quedarse, no solo sin seguridad social, sino además sin trabajo.

Ambos problemas se pueden solucionar con la creación del que puede llamarse un apoyo tributario para los trabajadores de menores ingresos (ATMI). El ATMI es un reemplazo del salario mínimo. Consiste en una transferencia de ingresos dada por el gobierno, únicamente a las personas que trabajan, que les compensa la diferencia entre los ingresos que reciben y el costo de una canasta familiar digna más la seguridad social.

Al igual que todo programa gubernamental que busca la equidad, el ATMI se paga con impuestos progresivos. Es decir, lo financian con un porcentaje alto de sus ingresos personales quienes más beneficios reciben de la sociedad, como los que viven de la renta de las empresas que cuentan con la lealtad de cientos de miles de clientes. Por el contrario, son bajas las contribuciones porcentuales del profesional de clase media o del tendero de la esquina.

Como el apoyo viene de los contribuyentes con más recursos pero no directamente de las empresas, estas pueden pagar salarios de mercado sin ser sancionadas, evitando el desempleo. Y como para recibir el apoyo los trabajadores deben declarar sus ingresos, la formalidad se vuelve buen negocio y quienes antes eran informales obtienen acceso a mejores opciones de salud y ahorro de pensiones. La implementación de este mecanismo podría incluso acabar con la informalidad.

Las reformas tributarias necesarias serían sustanciales, y sin ellas la prioridad es un salario mínimo más alto. Pero en vez de las soluciones a medias de siempre, este puede ser el momento de exigir una reforma de fondo: transferencias monetarias periódicas por parte del estado a los trabajadores de bajos ingresos, que les garanticen un nivel de vida digno y den comienzo a la redistribución de ingresos que nuestro país necesita. Un programa similar en EE.UU. existe hace más de 40 años, y ha aumentado el empleo y reducido la pobreza. No hay razón por la cual no lo podamos mejorarlo y adaptarlo a nuestras necesidades. Con un ATMI lo suficientemente alto los trabajadores no tienen nada que perder sino desempleo e informalidad. Tienen, en cambio, mucho qué ganar.

Luis Carlos Reyes, Ph.D., Profesor Asistente, Departamento de Economía, Universidad Javeriana
 

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