Por: Nicolás Uribe Rueda

Participacioooooooón

A medida que la discusión sobre la participación de las Farc se concentra en el debate sobre la pertinencia de las 26 curules que conservarán como mínimo hasta 2026, parece pasarse por alto que el acuerdo también contempla varias decenas de espacios de participación que se convertirán en escenarios de “decisión compartida” entre organizaciones sociales y las entidades competentes en cada materia en el orden nacional, departamental y local.

La palabra participación aparece 292 veces en los textos de La Habana. En las 21 páginas que se ocupan de los asuntos agropecuarios, se pueden identificar más de diez instancias para participar en la planeación, ejecución y seguimiento de los planes y programas de la reforma rural integral. Habrá participación para definir los beneficiarios de la adjudicación gratuita de tres millones de hectáreas, para la formalización de los títulos de propiedad, en las instancias de conciliación sobre el uso y tenencia de la tierra de la jurisdicción agraria, en los mecanismos de concertación para impulsar una agenda de desarrollo común entre la empresa privada y las comunidades, en la construcción de condiciones de transparencia de la información catastral, en la definición de los proyectos que delimiten la frontera agrícola y en los programas de reasentamiento, recuperación de bosques y conservación ambiental. También habrá participación de las organizaciones sociales en la definición y planificación de uso de las zonas de reserva campesina, en la elaboración de los planes departamentales para la transformación regional, en la priorización y ejecución de las obras de infraestructura y adecuación de tierras y en la protección y promoción de las semillas nativas. Por último, este capítulo habla de cientos de comités de participación que se crearán en los municipios, departamentos y en el nivel nacional para la definición de los lineamientos de una política que garantice el derecho a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente adecuada.

Y como los movimientos sociales no surgen de manera espontánea, el capítulo de participación política establece que será deber del Estado la promoción de organizaciones que puedan luego participar en todos estos escenarios y así, según los acuerdos, garantizar el buen funcionamiento de la democracia. Habrá, entre otras cosas, asistencia técnica, espacios en medios de comunicación y financiación de proyectos para el fortalecimiento de los movimientos sociales. También se obliga el Estado a garantizar la interlocución con las autoridades, así como a verificar la eficacia de la participación ante entidades y corporaciones públicas. Todo esto quedará incorporado en un proyecto de ley cuyo texto, por supuesto, también contará con la participación de actores sociales. Para lo que quede faltando se implementará luego una política pública de fortalecimiento, promoción y garantías de participación de las organizaciones y movimientos sociales.

Lo anterior es relevante saberlo, como para que se tenga claro que las Farc no se harán invisibles al dedicarse a operar en la oscura maraña de la política electoral, sino que, a través de movimientos sociales afines a su manera de pensar, con el apoyo y promoción del Estado, buscarán incentivar la protesta social e incidir en la definición de presupuestos, la formulación de políticas públicas y, en general, en las decisiones que desde lo local transforman de fondo la vida cotidiana de todos los colombianos.

@NicolasUribe

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