Por: Santiago Villa

Pasar la página, si el 2018 lo permite

Todo está dispuesto para que el próximo acuerdo se apruebe vía exprés, aunque el 2018 puede echarlo por la borda.

Es un esfuerzo loable por parte del equipo negociador del gobierno, y de las Farc, haberse comprometido con la paz y trabajado por un nuevo acuerdo, a pesar de las enormes dificultades políticas y prácticas. Tener un nuevo acuerdo permite que se puedan finalizar los diálogos y comience la integración de las Farc como un legítimo partido político, y el país pueda dejar atrás 50 años de guerra. Lo primero es esto.

Lo segundo, que el periodo presidencial que comienza en el 2018, si gana alguno de los promotores del NO más radicales, puede ser nefasto para el cumplimiento de los acuerdos.

Al tiempo que se conoce el nuevo acuerdo de paz, que aparentemente no se aprobará acudiendo a otro plebiscito, sino por vía parlamentaria, queda claro que en las próximas elecciones presidenciales el fantasma de la guerra podría ser un factor decisivo. Aunque sin plebiscito resulte más conveniente y segura su aprobación, esto dejará un mal sabor en el electorado que votó NO, y el que se abstuvo pero habría ido por el NO.

Con claras mayorías en las dos cámaras, la opinión de que Juan Manuel Santos al final hizo "conejo" con las exigencias de los partidarios del NO será muy difícil de contradecir. Lo más irónico es que Santos creó las estrategias para la deslegitimación de sus propios acuerdos. El primer plebiscito creó expectativas de un segundo, y el que se evite demuestra que Santos le teme a la refrendación popular de su proceso de paz. Será este temor el que arme de indignación a la campaña del candidato que tome como bandera de campaña revisar los acuerdos. 

El nuevo acuerdo es mejor que el anterior, pero de esto no debe concluirse que gracias a la victoria del NO se llegó al mejor desenlace posible. Habría sido mejor que ganase el SÍ el 2 de octubre. La incertidumbre de las últimas semanas, la polarización y la deslegitimación del acuerdo anterior (y del actual, por motivos que trataré a continuación), no valen las modificaciones actuales. Muchas de ellas, por demás, quizás habrían sido obtenidas por los negociadores en el primer acuerdo, si el presidente no hubiera ordenado la rápida conclusión de las negociaciones, quizás para coincidir con la premiación de los Nobel.

Los nuevos acuerdos tienen ventajas, leguleyadas, concesiones a la derecha terrateniente y militarista, y precisiones estúpidas. Que se aclare que la propiedad privada no se verá afectada por la reforma rural es una precisión estúpida. También el enfoque de género, la recuperación de la familia campesina, los apartes sobre temas religiosos y el principio del derecho a la igualdad, que no tienen lugar en una negociación de este tipo. La moralista tormenta en vaso de agua que se creó por esto es una vergüenza.

Las concesiones hechas a la derecha terrateniente y militarista se resumen en blindarlos para que no deban rendir cuentas por su participación en la creación y financiación de grupos paramiltiares, y abrir las puertas para que los militares responsables por falsos positivos y crímenes durante el conflicto puedan obtener también la impunidad, o penas casi simbólicas. Se puede asumir este sapo como parte de pasar la página de la guerra. (¿Podría Santiago Uribe, por ejemplo, llegar a beneficiarse de esta modificación?)

Algunas de las ventajas del nuevo acuerdo son que se haga explícito el inventario de bienes, la forma como se privaría de la libertad a los ex guerrilleros y se aclaren los periodos de ejecución de los acuerdos. No tantas para semejante terremoto. 

Las leguleyadas son el negarse a tener magistrados extranjeros, que es una decisión de un nacionalismo pueril. También que se estudie caso por caso la conexidad del delito de narcotráfico con el político.

El que no hagan parte del bloque de constitucionalidad, y que la Corte Constitucional decida sobre la tutela a la jurisdicción especial, que parece una leguleyada, puede significar un grave retroceso si las próximas elecciones las gana Alejandro Ordóñez o un representante del Centro Democrático. Si logra consolidar mayoría parlamentaria, como suele ocurrir en un país donde el congreso es seducido por la mermelada burocrática del ejecutivo (y Ordóñez es un gran pastelero), los acuerdos pueden en teoría llegar a desecharse.

Es de celebrar que así sea con una enorme torpeza institucional, finalmente se esté llegando a la implementación de los acuerdos finales con las Farc. Esperamos que el presidente electo en el 2018 no les haga "conejo".


Twitter: @santiagovillach
 

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Santiago Villa

Caímos en la trampa

Debatir sobre religión

El campo sin restitución ni sustitución