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Paz con blindaje

Lorenzo Madrigal
08 de mayo de 2016 - 08:06 p. m.

En vísperas de irse el fiscal Montealegre ha dejado, cual pica en Flandes, una demanda instaurada ante la Corte Constitucional que pretende blindar hacia el futuro los acuerdos de La Habana, como acuerdos especiales de rango internacional. Deja ver con ello el sesgo que lo ha caracterizado hacia la guerrilla, de donde procede esta posibilidad jurídica.

Fue él quien removió los conceptos del tema sancionatorio, para descartar la cárcel como destino de quienes han delinquido de manera grave. Hoy se hacen malabarismos sobre el sentido del término privación de la libertad y se asegura que este no significa necesariamente la prisión del delincuente. Con ello se facilitan los acuerdos de paz y es de veras absurdo que de una mesa de negociación una de las partes se levante con las manos esposadas.

Pero ya es demasiado pretender que los acuerdos firmados entre un Gobierno, facultado por ley para hacer la paz, y la fuerza rebelde tengan de inmediato firmeza de tratado público y se les eche de este modo cerrojo constitucional para blindarlos en el futuro.

Sería tanto como dejar que Gobierno y guerrilla manejen a su antojo, en privado y en forma autónoma la suerte constitucional de la República y construyan un futuro nuevo y una nueva semblanza de país. Una fuerza rebelde obviamente no tiene autoridad alguna para ello y sería de preguntarse hasta dónde llegan las facultades presidenciales en materia constitucional. En todo caso, llevar estos convenios de paz, en calidad de acuerdos especiales, a la categoría de tratado público desborda el Estado de derecho.

Es mejor que no nos alteren tan pronto la casa republicana y, sobre todo, que no se prescinda de la opinión consensuada de todo un país, que sería el único blindaje de lo firmado entre lo establecido y sus desestabilizadores, en trance de incorporarse al orden.

Crece la audiencia por la paz y cómo no, siendo el bien más preciado, el ideario más fácil de vender electoralmente, el sueño inalcanzado. Otra cosa es permitir que la gente se entere de cómo se está obteniendo esa esperanza de paz, si es con la entrega de lo que antes se defendía y por lo cual muchos combatieron y murieron. Ceder sí, y también conceder, pero no en lo que identifica a la República como nación democrática y libre, no en la perennidad de su justicia y en la firmeza de lo ya juzgado; no en que un país que ha tenido baches, humanos y estructurales, caiga en poder de quienes tienen antecedentes de injusticia y crueldad.

Ingrid llega y es una belleza que esté entre nosotros. Su secuestro pertenece a la memoria colectiva y a Colombia toda, a la que ese hecho execrable humilló y agobió. Debe reparársele y no basta con que ella y otras víctimas digan ingenuamente: “yo perdono”.

 

 

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