Por: Eduardo Sarmiento

Plebiscito por la paz

Los diálogos de La Habana están cerca de su culminación. Cada parte hizo lo que pudo y llegó hasta donde es posible conciliar los desacuerdos. Lo cierto es que la guerrilla se comprometió a suspender las hostilidades que le significaron al país 600 mil muertos y liquidar el grupo subversivo, a cambio de una justicia transicional que les reduce las penas por los delitos y amplias facilidades para participar en política. A mi juicio, los beneficios para el interés público de la presente y futuras generaciones superan con creces las objeciones que se han hecho sobre el contenido. La salvedad es la incorporación del acuerdo en la Constitución. Las normas constitucionales son muy generales. La inclusión de derechos indefinidos y no dimensionados introducen incertidumbre y dan margen para todo tipo de interpretaciones y reformas. Tendría mucho más sentido que los cambios constitucionales acordados y aprobados por el Congreso se incluyan en forma explícita y se precise la forma como se convertirán en leyes y decretos.

Lo grave es que el resultado de la votación dependerá más de la percepción de los votantes que del contenido del acuerdo. La paz es un bien público con grandes externalidades, como el medio ambiente, la salud, la seguridad y la movilidad. En la ciencia económica es ampliamente reconocido que el alcance de la iniciativa privada para la construcción de estos bienes es mucho menor que las necesidades. Así, los gobiernos tienen que elevar los impuestos y orientar el gasto público en contra de las preferencias individuales para alinearlos con el interés público. Por eso, Arrow y Schumpeter, emblemáticos pensadores económicos del siglo XX, demostraron como los sistemas electorales no siempre conducen a las soluciones económicas más adecuadas y plantearon la creación de instituciones que adopten decisiones que los individuos no están en capacidad de abordar por su propia cuenta.

Lo anterior se percibe en las encuestas más recientes presentadas por Datexco, Napoleón Franco y Centro de Consultoría. En las dos primeras gana el no y en la ultima el sí. Las impresiones individuales sobre los efectos del proceso predominan sobre el interés público. Algunos votantes imaginan que la paz no cambia su situación personal y que los compromisos del acuerdo les significarían impuestos y riesgos políticos que no están dispuestos a asumir.

En este punto no es fácil entender el plebiscito. Las negociaciones de La Habana giran en torno a normas nacionales, incluso internacionales, sobre las cuales los votantes delegan facultades al legislativo y al ejecutivo para que decidan por ellos. Tan cierto es esto que el fallo de la Corte Constitucional no les concede ningún poder adicional a estos órganos para la configuración del acuerdo. El escollo no es el acuerdo, sino las imperfecciones de los procedimientos electorales para refrendarlo.

El problema es más estadístico y científico que político. La actitud de los votantes variará en la medida en que se acerque el día de elección. Si bien los electores del no parecen tener una posición más arraigada y comprometida, el veredicto final de las urnas dependerá de la votación total. La abstención favorece el no, que en las encuestas fluctúa entre 20 y 30 %. El triunfo del sí dependerá de la capacidad de movilizar a la población, mostrar con objetividad los enormes beneficios para la generación actual y las venideras el cese de hostilidades y de la desaparición de las Farc, como grupo subversivo, y más importante, clarificar que no le significa perjuicios a la mayoría de la población. El primer paso para evitar suspicacias es reconsiderar la reforma tributaria que eleva el IVA y baja los gravámenes de las empresas.

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