Por: Carolina Botero Cabrera

Política de seguridad digital al banquillo

El Gobierno publicó para que cualquiera conozca y comente lo que será la política de seguridad digital en Colombia, dejando de lado un proceso cerrado sobre ciberseguridad que empezó en 2014.

 

 

La “ciberseguridad” es un concepto militar asociado a ese contexto y a las necesidades de la “seguridad nacional”. Hoy la seguridad digital no es exclusiva de militares y así se reconoce en las políticas más modernas. Por eso, junto con otras organizaciones de la sociedad civil pedimos participar desde el principio. Sin embargo, fue solo en septiembre de 2015 que, invitados a reuniones cerradas, conocimos y criticamos* el tono militar del texto que incluía derechos humanos pero muy superficialmente.

Pienso que no fue solo la revisión que el documento sufrió al compararlo con los estándares OCDE (no olvidar que estamos llenando requisitos para entrar al club), sino que, también, nuestra participación y comentarios sirvieron para cambiar sustancialmente el documento. El viernes pasado el Ministerio de las TIC finalmente hizo pública la nueva versión del Conpes, que está abierta a comentarios, lástima que solo para los últimos días del proceso, hasta el 5 de febrero. Reconociendo lo positivo, también creo que no es suficiente. Le falta compromiso con la promoción y garantía de derechos humanos y, sobre todo, con el contexto social local que va más allá de la realidad militar y económica y debe incluir el contexto del postconflicto.

A pesar de las deficiencias, la participación ciudadana es siempre una oportunidad. Por ejemplo, el nuevo Conpes propone hacer cambios en el tema de la retención y suministro de datos personales por parte de los intermediarios. Es decir, los procesos para conservar y compartir los datos que generamos en nuestras comunicaciones que tienen los intermediarios, como ETB o Claro. A propósito del día internacional de la protección de datos (enero 28), la Fundación Karisma lanzó un análisis de las normas de retención de datos locales a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y concluye que son ilegítimas; esperamos que esto alimente el debate que se debe abrir.

Cualquier ejercicio de participación ciudadana es una oportunidad para presentar múltiples miradas que enriquecen las políticas públicas. ¡Participa!

 

* Desde Fundación Karisma donde trabajo.

 

 

 

 

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