Por: Antieditorial

Reglamentar el “trabajo sexual” normaliza violencia de género en la prostitución

La Sentencia T-594 de 2016 se ha publicitado falazmente como defensora de las “trabajadoras sexuales” al declarar la retención arbitraria por parte de la Policía a mujeres que se encontraban en La Mariposa-barrio Santa Fe, desconociéndolas como un grupo marginado, discriminándolas con base en su “labor”, usando el perfilamiento estereotipado para realizar requisas arbitrarias, detenciones indiscriminadas y actos de violencia física o psicológica amparados en normas asociadas al control del orden público o la prevención contra el delito.

Por Iniciativa Ciudadana*

Aunque es cierto que las prácticas de la Policía se corresponden con esta descripción, estas son sólo la punta del iceberg de una problemática de violencia basada en género, en la que participa la industria del sexo, el proxenetismo, el crimen organizado y los hombres que pagan por sexo, y en que las mujeres, niñas y transgénero principalmente sufren por parte de estos, de ataques físicos y verbales, tortura, violación, esclavitud, feminicidio, desaparición, entre otros crímenes.

La Corte desconoció las causas estructurales de la explotación sexual en la prostitución al pedir que se reglamente el “trabajo sexual por cuenta propia y por cuenta ajena”. La explotación sexual no está definida por la “voluntariedad, autonomía o agencia” de sus víctimas. Es una conducta cometida por el explotador donde solo su dolo está en juicio. Quien “ejerce” la prostitución no son las mujeres, sino los proxenetas y los que pagan por sexo, al pretender obtener el consentimiento a cambio de pago, abusando de la vulnerabilidad económica, social, psicológica, de género-edad-etnia de ellas. Querer regularizar el “trabajo sexual” hace invisibles y aceptables los delitos de explotación sexual poniendo la responsabilidad en las víctimas de su propia explotación y desconoce graves violaciones a sus derechos humanos fundamentales.

La gran mayoría de quienes se encuentran siendo explotadas sexualmente en la prostitución, son poblaciones vulnerables por desplazamiento forzado, abuso y maltrato en la niñez y adolescencia (incluida la explotación sexual), por falta de oportunidades laborales y económicas basadas en discriminación. Las demandantes mismas lo dicen: “diariamente soportamos todo tipo de abusos y discriminación porque carecemos del mínimo para sobrevivir y mantener a nuestras familias”.

Es contradictorio pedirle al Estado que regule el “trabajo sexual como trabajo digno” y luego crear programas de oportunidades para esta población vulnerable. O es lo uno, o es lo otro. Y se ha probado que reglamentar facilita la violación de derechos de las poblaciones más vulnerables, y si no, recordemos el Bronx, zona reglamentada de alto impacto, cuyos patrones de delito son similares a los de la legalización en Alemania (mayor explotación y violencia, más criminalidad, menos derechos humanos).

Poner el foco en los explotadores es la solución internacional a esta problemática que toca tangencialmente la Sentencia: aplicando las prohibiciones sobre la explotación de la prostitución ajena, prohibiendo el pago por sexo, re-estableciendo los derechos de las mujeres, niñas y niños, transgénero y gais a través de políticas públicas eficaces, y defendiendo la equidad de género en contra de la comercialización de seres humanos por parte de la sociedad.

*La Iniciativa Ciudadana: de la prostitución a la equidad de género, es una alianza de activistas, sobrevivientes y mujeres en prostitución, y organizaciones nacionales e internacionales en contra de la explotación sexual de seres humanos. [email protected]

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