Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Retos ambientales para el 2017

El 2017 es determinante en la construcción de la nueva Colombia y en lo ambiental presenta retos, oportunidades y riesgos de gran envergadura.

La gestión pública, la acción ciudadana y la inversión privada serán definitivas para la sostenibilidad económica y ambiental de lo que emprendamos. Son múltiples los frentes de gestión ambiental, retomo los asociados a la paz y a la política fiscal.

La construcción de la paz territorial significa el empoderamiento de nuevas y diversas organizaciones sociales y la modificación en el actuar de otras. La puesta en marcha del Acuerdo de Paz exige la presencia del Estado en zonas y dinámicas sociales donde ha sido el gran ausente. Se invertirá en territorios de gran riqueza y fragilidad ecosistémica donde la gestión pública y la acción ciudadana deben ser creativas, honestas y contundentes. Preocupa la carencia de liderazgo de la autoridad ambiental —Ministerio del Medio Ambiente, corporaciones regionales y gobernaciones— que ha llevado a que sean las cortes las que asuman ese liderazgo, definan la política ambiental y vigilen la gestión institucional.

Un asunto que requiere capacidad y creatividad para los cambios, ya mencionado por el presidente Santos, es la estrategia frente a los cultivos relacionados con lo ilícito. En esto, el 2017 será un año definitivo, que enfrenta grandes retos ambientales y de política pública.

En el 2017 el país tendrá que pensar y definir una política fiscal que mediante incentivos e impuestos verdes apoye la estrategia de desarrollo bajo en carbono. En esto, casi todo está por hacerse, y debemos avanzar para ponernos a nivel con los países miembros de la OCDE. La reciente reforma tributaria en incentivos e impuestos verdes no generó avances. Al contrario, por omisión, fortaleció dinámicas de insostenibilidad.

En generación y uso de energía, no incluyo incentivos para impulsar las energías renovables, ni impuestos que lleven a internalizar los costos sociales asociados a la generación de energía con carbón y otras fuentes de energía fósil. Fracasó la insipiente iniciativa de impuesto la uso del carbón y el gas. Ni se mencionó un impuesto a la gasolina que desincentive su consumo y cuyo recaudo alimente un fondo de compensaciones que apoye la adaptación y mitigación frente al cambio climático y así atenuar los nocivos impactos de las emisiones de gases efecto invernadero. No se generaron impuestos al uso de vehículos y motocicletas de gasolina, ni incentivos a los que usen motores eléctricos, ninguna señal de mercado en este sentido propuso la reforma tributaria. Una política fiscal adecuada debe inducir a que progresivamente sustituyamos fuentes de energía fósil por fuentes sostenibles que generan menores costos sociales asociados a la contaminación del aire y al calentamiento global. Así se ha hecho en muchos países.

En sistemas productivos relacionados a manufactura y agricultura, no se generaron incentivos para impulsar procesos sostenibles o reconversiones tecnológicas hacia un desarrollo bajo en carbono. En síntesis, la reforma tributaria quedó en deuda ambiental y promete ahondar del déficit en este sentido.

Construir un país sostenible exige responsabilidad en la inversión privada, mayor y mejor capacidad en la institucional pública y en las organizaciones sociales y una política fiscal adecuada.

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