Por: Columnista invitado

Santos opacó su Premio Nobel

En la ceremonia de aceptación de su merecido Premio Nobel de la Paz el presidente Juan Manuel Santos pronosticó que “uno de los mayores legados” del proceso de paz de Colombia sería la creación de “un modelo de justicia transicional que nos permite obtener el máximo de justicia sin sacrificar la paz”. Ojalá ello fuera cierto.

Por José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson

Luego que se anunciara el Premio Nobel, los representantes del presidente Santos negociaron con las Farc para mejorar las disposiciones sobre justicia del acuerdo original. Un acuerdo que fue rechazado por una estrecha mayoría en el plebiscito del 2 de octubre, en parte por el temor a que criminales de guerra de las guerrillas evitaran un castigo genuino por sus crímenes. El nuevo texto anunciado en noviembre incluyó lenguaje que —con la legislación de implementación adecuada— podría subsanar importantes defectos del acuerdo original y garantizar un mínimo de justicia para las víctimas.

Sin embargo, curiosamente, tan solo horas antes de que el nuevo acuerdo de paz se firmara y se enviara al Congreso para su refrendación, Santos decidió —unilateralmente— borrar una de las mejoras más importantes del texto. Eliminó un párrafo nuevo que ya había sido aprobado por las Farc, y con ello restableció lo que, en la práctica, es nada menos que una garantía de impunidad para los altos mandos del Ejército. Este beneficio de impunidad es tan flagrante que ni siquiera los comandantes de la guerrilla estuvieron dispuestos a aceptarlo para ellos mismos.

El acuerdo de paz original contenía una definición defectuosa del principio de “responsabilidad de mando” que permitía evitar que los comandantes rindieran cuentas por las atrocidades cometidas por sus subalternos, salvo cuando hubieran tenido control de la comisión de esos delitos. Conforme a la definición estándar consagrada en el derecho internacional, también son penalmente responsables los comandantes que tuvieron control efectivo sobre las tropas que cometieron los crímenes, incluso si no participaron en la conducta delictiva específica.

El párrafo que se incorporó al nuevo acuerdo, y que luego se eliminó, disponía que prevalecería el derecho internacional. Sin este párrafo, los soldados rasos que activaron el gatillo todavía podrán ser juzgados por sus delitos, pero sus superiores que pudieron impedir esas atrocidades y no lo hicieron podrán eludir rendir cuentas por sus crímenes.

Las consecuencias de este cambio no son triviales. La Fiscalía General de la Nación está investigando miles de casos de “falsos positivos”, en los cuales militares engañaron a civiles para que se trasladaran hasta sitios remotos, luego los asesinaron, reportándolos como guerrilleros, con el fin de incrementar artificialmente el número de bajas en combate. Al menos 14 generales del Ejército se encuentran bajo investigación por estos crímenes; la existencia de una definición de responsabilidad de mando coherente con el derecho internacional resulta fundamental para juzgarlos.

El 20 de noviembre —una semana después de que se publicara el acuerdo renegociado y apenas días antes de que fuera firmado— la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (ACORE) envió una carta pública a Santos en la cual sostenía que la definición de “responsabilidad de mando” era “inadmisible”. Al día siguiente, los negociadores de Santos se reunieron con la cúpula militar, incluido el general Juan Pablo Rodríguez Barragán, quien comanda las Fuerzas Militares de Colombia y es uno de los 14 generales bajo investigación por “falsos positivos”.

Lo que ocurrió a continuación fue un verdadero sainete. Uno de los principales negociadores del Gobierno declaró que la definición revisada de “responsabilidad de mando” era un “mico” y que podría ser corregida. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, confirmó que efectivamente se trataba de un “mico”, y señaló que no se sabía con certeza cómo el nuevo lenguaje había terminado en el acuerdo.

Sin embargo, si se trató de un “mico”, ¿por qué el presidente Santos había destacado apenas días antes que esta nueva definición representaba una mejora sustancial del acuerdo de paz? En efecto, el 15 de noviembre, Santos dijo en un discurso que la responsabilidad de mando era un tema de “gran interés” para la Corte Penal Internacional (CPI), y que la nueva redacción hacía que la definición fuera más acorde con el derecho internacional.

¿Y por qué el nuevo lenguaje sobre “responsabilidad de mando” se mantuvo para los comandantes de guerrillas? Las Farc ofrecieron una respuesta en un comunicado público difundido dos días después de la firma. Las Farc “no [habían] permitido” que el Gobierno quitara el lenguaje del artículo relativo a sus propios comandantes, según declararon, porque creían que la defectuosa definición de “responsabilidad de mando” sería “motivo de preocupación” para las víctimas y para la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Dado que la fiscal de la CPI realiza un seguimiento atento de las investigaciones sobre crímenes de guerra en Colombia, las Farc tienen motivos para estar preocupadas. Si las fallas en el sistema establecido por el acuerdo de paz niegan a las víctimas la posibilidad de justicia genuina, la CPI podría iniciar sus propias investigaciones. De hecho, antes de que se diera a conocer el nuevo acuerdo, la Fiscalía ya había señalado que analizaría posibles vacíos legales en las disposiciones del acuerdo, “como las relativas a responsabilidad del superior”. Si Colombia blinda a los responsables de crímenes atroces, como los “falsos positivos”, de investigaciones penales, entonces será necesario activar la competencia de la CPI.

Muchos han justificado que Santos sacrificara el derecho de las víctimas a la justicia argumentando que era el precio que debía pagarse para lograr un acuerdo de paz con las Farc. Sin embargo, el último sacrificio y posiblemente el más aberrante no fue buscado ni aprobado por las Farc. Fue, más bien, una capitulación vergonzosa ante los altos mandos militares que pretenden quedar impunes por los crímenes cometidos por sus soldados y que se aprovechan del acuerdo de paz para lograr esa impunidad.

 

* José Miguel Vivanco es Director para las Américas de Human Rights Watch.

* Daniel Wilkinson es Director Ajunto para las Américas de Human Rights Watch.

 

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