Por: Antieditorial

¿Sueño o pesadilla?

Con su editorial del 29 de noviembre, titulado “La hora del nuevo sueño cafetero”, este prestigioso diario mantiene la intención editorial de inducir al error a sus lectores.

Por Álvaro Tobón Jaramillo

El gremio cafetero no es una “institución”, es un modelo organizacional corporativista fundamentado en reglas de juego diseñadas por la encíclica Rerum Novarum del papa León XIII en 1891. Este documento propuso arreglos para la época en el manejo del poder político y la economía, cuando los obreros y los campesinos decidieron despertar su prurito revolucionario y caminar por nuevos derroteros, actividades que hoy los economistas suelen llamar búsqueda de la equidad y el desarrollo.

El marco de la Constitución de 1886 abolió el federalismo y creó un Estado unitario profundamente confesional, que consideró la religión católica como la oficial. Así, era entonces plausible que el débil Estado colombiano delegara funciones públicas propias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y de control al comité directivo de una organización privada.

En el contrato social vigente para nuestro Estado social de derecho desde 1991, este tipo de arreglos corporativistas es a todas luces revisable por la Corte Constitucional, no sólo para el café, lo es para todas y cada una de las actividades “gremiales” a las cuales el Estado les delega el manejo de la cosa pública. Una cosa es la concertación de situaciones económicas y de política de desarrollo coyunturales, pero otra muy diferente es la delegación permanente del ejercicio de la función pública en aspectos regulatorios para la administración organizacional, democrática, social, económica y del comercio de cualquier bien transable.

El contrato firmado en 2016 por el Gobierno para la administración del Fondo Nacional del Café delega en el Comité Nacional de Cafeteros actividades que le asignan facultades como dictar medidas para garantizar la calidad del café de exportación, establecer normas y criterios para emitir concepto sobre la inscripción o no de exportadores en el registro a cargo del Mincit y diseñar la política para la comercialización interna y externa del café colombiano, entre otras.

Si bien el Estado se ha fortalecido, el corporativismo cafetero ha refinado su democracia. La organización gremial presenta cifras oficiales que muestran con orgullo 4.620 cafeteros elegidos en todo el país, 4.440 para comités municipales y 180 para comités departamentales. Estos últimos eligen 15 de su seno para conformar el comité directivo nacional. Los federados que podían votar eran 374.540.

La realidad es una. Existen 4.620 federados con la calidad de cafeteros vinculados a los comités; los demás federados, asociados o no a las cooperativas, se califican como caficultores. Pareciera una cuestión semántica, pero termina siendo discriminatoria, ya que la misma legitimidad que le otorga la elección de cafeteros al gremio para dirigir la economía es la pesadilla que anula al caficultor como individuo para participar del mercado.

Sus editoriales, responsables de crear y direccionar opinión, deberían promover e incidir positivamente en la mentalidad y cultura de los caficultores colombianos, transformando barreras mentales y organizacionales que frenan su desarrollo y que obstaculizan emprendimientos personales que mejoran sus competencias y la rentabilidad del negocio.

Einstein nos enseñó que “los problemas no se pueden solucionar en el mismo nivel de conciencia en el que fueron creados”. 

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