Por: Darío Acevedo Carmona

Tribunal de paz: un esperpento jurídico

Como para cancelar cualquier duda, inquietud u oposición, sobre la conformación del equipo que seleccionará el Comité de personas “intachables” que escogerán los 72 magistrados del Tribunal de Paz de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el doctor Humberto de la Calle, especialista en solucionar un problema creando otros y en enredar lo que es sencillo, manifestó que "No habrá en Colombia quien ponga en duda la altura moral del comité de escogencia" (El Espectador, agosto 12/2016).

Ahí está plasmado el espíritu autoritario y arbitrario, con sabor golpista, que ha inspirado a la política de paz del gobierno Santos y por supuesto a todos los agentes que la aplican sin rubor en La Habana. No se ha admitido ni se admitirá debate o cuestionamientos sobre los acuerdos porque los consideran perfectos.

El anuncio, ya sin confeti ni brindis ni show publicitario, sobre la metodología para conformar el Tribunal de Paz de la (JEP) nos pone en frente de lo que no dudo en calificar el más dañino, el más ilegítimo y el más insultante de los acuerdos que se han firmado con las FARC.

El exmagistrado Juan Carlos Henao, cocreador del esperpento jurídico, en entrevista concedida a la cadena BluRadio (12/08/2016) sobre este tema, manifestó su inconformidad cuando el periodista Néstor Morales se refirió a los guerrilleros de las FARC como “delincuentes”. Mientras discurría el intercambio entre ellos, pensé, para mis adentros, que Henao al rechazar ese calificativo y reivindicar que ellos eran “contraparte del Estado en las negociaciones de paz” tenía toda la razón, no era un invento suyo, como no lo había sido una declaración anterior en la que dijo algo así como que ya es hora de que los colombianos “dejemos de pensar que las guerrillas son tan malas como se cree”.

Es que esa ha sido la MAYOR concesión dada a las FARC, entre otras, que se derivan de esa recategorización gratuita consignada en textos del Alto Comisionado de Paz, el filósofo Sergio Jaramillo, reiterada de mil maneras por el presidente Santos y aplicada de forma precisa por el dr de la Calle.

Por supuesto, si se les ha tratado en calidad de fuerza beligerante de una guerra civil, aunque lo que hayamos sufrido en Colombia haya sido un fenómeno de terrorismo que han intentado convertir en guerra, todo lo acordado debe ser consecuente con tal reconocimiento.

Por tal razón, el análisis del acuerdo que acaban de presentar “las altas partes” sobre la JEP debe partir de ese punto. Los exmagistrados Henao y Manuel José Cepeda, con el jurista comunista español Santiago, se inventaron esa monstruosidad jurídica, prevalidos de la noción “altas partes” para blindar jurídicamente a la dirigencia guerrillera y dejar, como espada de Damocles, una amenaza sobre miembros de la sociedad civil.

El problema con el procedimiento, desde un ángulo más político que judicial, es que se pretende crear una SUPRACORTE, organismo integrado por 72 magistrados, varios de ellos extranjeros, que tendrán plenos poderes para revisar, investigar acusar y fallar en todo tipo de delitos y responsables de ellos que estén relacionados con el conflicto armado.

Ello quiere decir, en primer lugar, que La Justicia colombiana es despojada de su poder y que se declina la soberanía nacional al admitir jueces extranjeros. De otra parte, que las Cortes Suprema y Constitucional, entre otros Tribunales, quedarán en inferioridad de condiciones, sus fallos podrán ser revisados y cambiados. No es desconfianza con el Papa ni con el Secretario general de la ONU, no, el problema reside en el sistema ideado que es tan perverso que podría estar integrado por ángeles y presidido por el arcángel san Gabriel, y aun así tendría unos superpoderes totalmente ajenos y extraños a nuestras tradiciones institucionales y jurídicas y por eso, totalmente peligroso y desconfiable.

La JEP contiene en sus propios fundamentos la insólita pretensión de sustituir la Constitución colombiana que en varios artículos consagra, en calidad de Bloque de Constitucionalidad, preceptos, normas y castigos consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos a través de tratados y convenios de tipo internacional que por ser tales, adquieren la propiedad de no poder ser sometidos a negociaciones de paz. Por eso es que el gobierno y las FARC quieren hacer pasar el Acuerdo Final como un tratado internacional.

En síntesis, la JEP y su Tribunal, constituyen un exabrupto jurídico, una intención de sustituir la Constitución, una alteración profunda del sistema judicial. Y una de sus consecuencias, de aprobarse, es que, las FARC adquieren de hecho y de derecho, la condición de fuerza beligerante y “parte contratante” ante la comunidad internacional, condición que le abrirá el espacio para exigir, por ejemplo, convocatoria de una constituyente en la que ellos, por ser “parte contratante” tendrían derecho, de facto, a la mitad de sus integrantes, entrar a formar parte del gobierno y revisar el modelo económico, todo ello enmarcado en su anhelada consigna de “refundar el Estado”.

 

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