Trump y la Ley Lleras

Carolina Botero Cabrera
03 de febrero de 2017 - 03:48 a. m.

Con la animadversión de Trump hacia los TLC, ¿se incrementará la presión para implementar el nuestro? Los analistas arriesgan apuestas y, en todo caso, EEUU va preparando el Informe 301 de 2017.

El 301 es un informe unilateral que la oficina de comercio gringa (USTR) hace de sus socios TLC donde decide, según sus criterios, qué países no protegen la propiedad intelectual. Colombia hace años está en esa lista negra. El analista Nigel Cory sugiere sustituir la presión de ese matoneo por la judicial.

Dice que puede usarse el TLC con Colombia como “el caso” para el proteccionismo del nuevo mandatario. Afirma Cory que aunque EE. UU. puede iniciar un proceso de solución de conflictos para obligar a Colombia a cumplir sus compromisos TLC y a indemnizarlos por el incumplimiento–, hasta ahora no lo ha hecho, no ha pasado de avergonzar al país en el 301. Cory propone que Trump inicie una disputa judicial porque, sin un sistema de exoneración de responsabilidad para los intermediarios de Internet (Ley Lleras 1), ni otros cambios pendientes a la ley de derecho de autor (Leyes Lleras 2 y 4), el escenario colombiano está desequilibrado para que las empresas de EEUU se beneficien del TLC.

En algo tiene razón Cory: en Colombia, hay desequilibrio, pero no cómo él piensa. Está en los bloqueos de contenidos que WinSports hace a aficionados del fútbol colombiano usando la ley gringa (DMCA), no la colombiana --porque ni la necesitan--. Está en evidenciar que en las relaciones comerciales de los dos países la balanza de exportaciones beneficia a EEUU y eso, como dice Jorge Humberto Botero, es excepcional. Además se ve porque instituciones como elfair use que balancean derechos de titulares y usuarios existen allá y no en Colombia. En otras palabras cumplir solo exigencias de titulares sería desequilibrado pero para Colombia.

No tiene sentido hablar de que Colombia sea “el caso” con el que EE. UU. va a forzar el cumplimiento de TLCs. Antes de amenazar con acciones judiciales deben promover voluntad política para legislar el entorno digital en Colombia, en consenso entre todos los interesados. USTR recibe comentarios al 301 hasta el 9 de febrero, hay que seguir protestando por las presiones vengan de donde vengan. 

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