Por: Rodrigo Uprimny

Un acuerdo sobre el acuerdo

El nuevo acuerdo recogió las principales objeciones de los voceros del No, pues sólo en un tema importante (elegibilidad política) no hubo cambios significativos. Pero el nuevo texto mantuvo también la esencia y estructura del acuerdo previo.

Este nuevo acuerdo responde entonces al mandato popular del 2 de octubre, en donde triunfó el No, lo que obligaba a que las Farc y el Gobierno renegociaran tomando en cuenta los reparos de los opositores; pero casi la mitad de los votantes apoyó el acuerdo como venía, por lo cual su estructura esencial debía ser preservada. Y ese difícil equilibrio se logró.

¿Significa eso que el nuevo acuerdo es mejor? Si uno mira los cambios sustantivos, el balance es mixto, pues hay reformas que son indudablemente positivas, pero otras parecen retrocesos.

Me limito a un ejemplo: es un avance que se haya clarificado en qué consiste y cómo será cumplida la sanción de “restricción efectiva de la libertad”, a fin de mostrar que no será un chiste sino que, aunque no sea cárcel, esta pena es significativa y será ejecutada en forma seria y robusta. Por el contrario, es un error haber eliminado la participación de jueces extranjeros en la JEP, que cumplía dos importantes propósitos: fortalecer la imparcialidad de la JEP, pues en un ambiente polarizado como el nuestro no es fácil encontrar magistrados colombianos para la JEP, que sean aceptables para partes que hace poco estaban aún en guerra; y superar, gracias a la experiencia de jueces internacionales, nuestras graves deficiencias en la investigación y sanción de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entiendo que los negociadores, para buscar mayor apoyo al nuevo acuerdo, hayan incorporado este cambio, pero es desafortunado, pues esta exigencia de los voceros del No es una muestra de chauvinismo jurídico.

El nuevo acuerdo no es entonces, en cuanto a su contenido sustantivo, mucho mejor que el anterior. Pero puede llegar a ser políticamente superior, pues con esos cambios debería lograrse el necesario pacto político y social sobre la paz con las Farc. Y con esta legitimidad política sería relativamente fácil encontrar fórmulas jurídicas para lograr una refrendación e implementación rápidas del nuevo acuerdo.

Todo esto dependerá obviamente de la grandeza de los voceros del No. Entiendo que estén molestos porque les presentaron un nuevo acuerdo ya firmado, pues en otras condiciones hubiera sido deseable, para fortalecer consensos, una nueva ronda de negociación del Gobierno con los voceros del No, antes de cerrar el acuerdo en La Habana. Pero los voceros del No deberían entender la enorme fragilidad del actual cese al fuego, que puede llevar al traste todo el proceso de paz, como lo han mostrado los graves incidentes de los últimos días. Y por ello deberían anteponer el interés nacional por la paz a sus molestias, orgullos e intereses personales y apoyar este nuevo acuerdo que incorporó modificaciones significativas para responder a la casi totalidad de sus objeciones.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

 

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