Por: Hernando Gómez Buendía

Un país de rentistas

El paro camionero fue tan solo la muestra más reciente de un sistema económico donde en vez de mercado tenemos monopolios y donde los vigilados controlan a sus vigilantes.

Según el Banco Mundial, Etiopía tiene 20 kilómetros de carretera por km2, Bangladesh 48… y Colombia tiene nueve. Pero el 70% de la carga en Colombia se transporta por tierra, en China el 8% y en Estados Unidos el 16%... Por eso tenemos uno de los transportes más costosos del mundo: US$1.774 por kilómetro/contenedor.

Esto implica que los camioneros ganan más que los de otros países —o sea que transitar por nuestras carreteras es de por sí un privilegio económico—. Y este es el hecho básico que sin embargo no suele mencionarse al evaluar los paros que ellos hacen cada año: los camioneros perciben una renta o un excedente de ingreso no ganado que a su vez utilizan para obtener más gabelas.

Ese poder se ejerce de dos modos: con el traslado de votantes y la financiación de las campañas al Congreso o los Concejos municipales; y con los paros que bloquean las carreteras, arrinconan al gobierno y se prolongan gracias a la renta acumulada.

Una gabela adicional enorme la recibieron en 1997 del presidente agobiado por los narco-casetes: Samper les concedió como tarifa mínima la que cobrara el transportador que más gastaba en la ruta respectiva. Esta perla duró hasta 2011, cuando los empresarios de la “confianza inversionista” lograron que Uribe les quitara semejante sobrecosto.

Pero antes de eso Uribe les había compensado la gabela a los transportadores con el programa de chatarrización, un instrumento de moda en el mundo para cuidar el medio ambiente al destruir los vehículos muy viejos. Sólo que el gobierno aceptó pagar $70 millones por camión, muy por encima del valor de mercado y el poder productivo de esos vejestorios. Es la gabela que Santos no tocó —o incluso mejoró—, muy a pesar de su presunta “energía”.

La chatarrización implica destruir un camión viejo para poder matricular uno nuevo. Pero esto hacía imposible el aumento de planta que exigía la locomotora minero-energética, de modo que entre los grandes empresarios y los funcionarios se fueron inventando los remedios. Primero fue un seguro por valor inferior al del vehículo usado y que se hacía efectivo en caso de no entrega. Después o al mismo tiempo fue la simple corrupción, la falsificación masiva o el uso múltiple de los certificados de chatarrización que todos conocemos.

A cada vuelta de la tuerca se han ido acomodando los poderes monopólicos y los captores privados del Estado. Primero y como fondo, el sector del transporte a costa de Colombia; con la tabla de fletes, los transportadores a costa de los productores; con la chatarrización, los camioneros a costa de los contribuyentes; con la póliza y la compra de licencias, los nuevos grandes transportadores de petróleo a costa de los viejos camioneros.

Es el más fuerte a costillas del más débil. Es una historia que hemos visto repetirse en otros muchos casos: en la banca, en la aviación, en las telecomunicaciones, en las cervezas, en el cemento, en el azúcar, en la salud, en las pensiones… y en las carreteras.

Es una historia que se muerde la cola. Y esta es la historia económica de Colombia.

*Director de la revista digital Razón Publica.

 

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