¿Cómo hacer para que el mandato anticorrupción no quede en el aire?

hace 3 horas
Por: Rodolfo Arango

Una propuesta insensata

La Comisión Primera del Senado de la República se apresta esta semana a debatir y decidir una propuesta insensata.

Respaldados en firmas, el vocero Carlos Alonso Lucio y la senadora liberal Viviane Morales Hoyos, han presentado al Congreso la iniciativa de referendo reformatorio de la Constitución para restringir la adopción de menores a padres heterosexuales. Los integrantes de la célula legislativa enfrentan una difícil cuestión: habilitar mediante ley que el pueblo decida por referendo si limita a las familias heterosexuales la posibilidad de adoptar, en contravía de las sentencias de la Corte Constitucional.

Leída la exposición de motivos de la iniciativa, encuentro por lo menos cinco razones para dudar de la conveniencia de elevar esta propuesta al pueblo colombiano. Primero, ella silencia la amplia y reiterada jurisprudencia constitucional que reconoce diversas formas de familia, no sólo la familia de padre y madre. La familia según la Corte Constitucional, intérprete supremo de la Constitución, no se basa en la orientación sexual de sus integrantes, sino en los vínculos de afecto, solidaridad, respeto, protección y asistencia de quienes deciden conformarla.

Segundo, los impulsores del referendo afirman que la adopción no constituye un derecho de los adoptantes sino una medida de protección del menor vulnerable. Esto es cierto pero equívoco. Sin duda, los derechos fundamentales del menor necesitado de una familia adoptiva priman sobre toda otra consideración; pero tal protección no puede discriminar entre tipos de familia y limitar la adopción a uno de ellos. Es violatorio del principio de igualdad diferenciar entre diversos tipos de familias postulantes sin razones válidas y suficientes. Los lazos afectivos, emocionales y sociales óptimos para el menor sin familia, no dependen de la orientación sexual de los futuros padres.

Tercero, no existen estudios científicos unívocos sobre los presuntos daños o riesgos para los menores como consecuencia de su crianza en familias monoparentales u homoparentales. Los estudios e investigaciones no son conclusivos a favor o en contra de ninguna opción. Pretender sustentar la diferenciación entre unos y otros postulantes a adoptar argumentos científicos es inocuo y sesgado en el estadio actual de la investigación.

Cuarto, el exsenador Lucio y la senadora Morales, cristianos respetables, no aceptan la jurisprudencia constitucional sobre el alcance del concepto de familia. Ven la unión entre un hombre y una mujer como la mejor (y única) opción para la adopción, según la intención del Constituyente de 1991 y la literalidad del artículo 42 de la Constitución. Su rebeldía contra la Corte, respaldada en millones de firmas, quieren ellos convertirla en impedimento jurídico vía pronunciamiento popular. Ante la ausencia de razones públicas y racionalmente defendibles buscan que se habilite la consulta a las mayorías populares.

Quinto, consideran los proponentes que una minoría no puede imponerle sus decisiones a una mayoría, por lo que los colombianos deben ser quienes determinen si la familia de padre y madre es la única llamada a acoger a los menores en adopción. La no discriminación de una minoría, aquí las familias mono- y homoparentales, hace parte del “coto vedado” a la voluntad popular. El origen y expansión de la doctrina de derechos humanos se basa precisamente en la necesidad de proteger a la minoría de la mayoría. No basta en el Estado constitucional de derecho ser demócrata. Se requiere además aceptar la limitación de los objetivos o fines políticos, por supremos o superiores que sean, con fundamento en razones objetivas, razonables y siempre revisables.

 

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