Por: Gonzalo Hernández

Útiles inútiles como mecanismo de distracción

Algunas reacciones con tono escandaloso sobre los útiles inútiles y la venta de Isagén no son solamente superficiales, asunto tolerable, sino que también, infortunadamente, logran distraer a la opinión pública sobre los temas de fondo.

Está claro, por ejemplo, que cuando un colegio pide detergente o traperos en la lista de útiles es porque su intención es aliviar los gastos operativos de la institución. Pero esto no es diferente a otras medidas que algunos colegios usan para aumentar sus ganancias sin cambiar el precio de las matrículas: limpiar el colegio con menor frecuencia, incrementar el precio de las salidas pedagógicas, reducir las inversiones en mantenimiento de los escenarios deportivos y de los laboratorios, y algo mucho más serio: contratar profesores con menor formación académica o con menos habilidades para enseñar. Otros colegios, incluso con la reglamentación de un límite máximo para el incremento en el precio de las matrículas (6.36 por ciento en 2016), podrían aún aumentar estos precios en lugar de pedir útiles inútiles. ¿Cuál es la diferencia entonces? En cualquier caso, si el colegio tiene el poder y quiere hacer mayor la relación precio-calidad, tiene varias formas de hacerlo.

Por eso, lo escandaloso no es el listado de útiles inútiles. Es sorprendente la facilidad que tienen muchas empresas privadas, entre ellas algunos colegios, para escapar de los mecanismos regulatorios que intentan garantizar el bienestar social mediante la imposición de límites necesarios a la actividad empresarial. También es para destacar la capacidad que tienen estas organizaciones para alterar términos contractuales implícitos, como la calidad educativa. Esta, a pesar de ser un aspecto importantísimo, difícilmente puede aparecer con claridad en los contratos. Es decir, lo escandaloso es el excesivo poder de algunas instituciones educativas sobre las familias, y que luego de que el Gobierno les haya otorgado tal poder, por ejemplo, a través de una privatización desordenada, las regañe por útiles inútiles aprovechando el impacto mediático.

Para contrarrestar los abusos, se necesita más que una campaña paliativa. Se necesitan familias con más poder en el mercado educativo, con un mercado más informado, donde los acudientes saben los gastos totales que pagarán en el año y saben cómo se invierten los recursos en la educación de sus hijos. Y se necesitan también, en especial para los más pobres, tanto una mejor educación pública, que le compita a la privada, como el impulso a colegios comunitarios en los que las familias, las verdaderas interesadas, puedan participar activamente en el desarrollo escolar. De lo contrario, el Estado se lava las manos: privatiza y luego responsabiliza a los privados de los avances mediocres en la educación de los más pobres.

El tema de mayor profundidad, por lo tanto, es el de siempre: una sociedad desigual en lo económico y en lo político. Miren en qué partes del país la problemática educativa es más severa. Es en estas zonas, las más pobres, en las que los padres de familia padecen más de aquellas instituciones abusadoras que tienen todo el poder de negociación.

Coletilla. En el caso de Isagén, la caricatura de Osuna del domingo, en este diario, refleja muy bien uno de los temas que mayor malestar generó en la opinión pública: un solo oferente (el consorcio canadiense Brookfield) luego de que el grupo chileno Colbún dejara de aspirar a quedarse con la generadora de energía. Pero, si el precio mínimo de la subasta se hubiera reducido y se hubieran presentado diez oferentes en lugar de uno ¿todo estaría bien? Esto en general no es lo que importa. El debate debería estar en cambio en los cálculos que usó el gobierno para justificar la venta. ¿Con qué escenarios sostiene que la rentabilidad de invertir un peso en infraestructura vial es mayor a la de mantener ese peso invertido en Isagén? ¿Se incluyeron las rentabilidades políticas acaso?
El autor es el Director del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana.
 

 

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