Por: Iván Mejía Álvarez

Violencia

Los síntomas son muy preocupantes. La escalada de actos violentos que se están viendo en los estadios y en las carreteras del país obliga a hacer un llamado de atención urgente a las autoridades y la dirigencia del fútbol.

Sería absolutamente necio pasar por encima de la intimidante pancarta exhibida en el Pascual Guerrero por una barra del América. Esa amenaza de muerte para los árbitros no puede ser tomada a la ligera; es el reflejo de unos esquizofrénicos dispuestos a todo, y por eso la sanción parece livianita, frágil, inconsistente en la medida que el fútbol requiere dispositivos de seguridad y medidas de choque para intentar erradicar a los violentos enquistados en las barras.

De igual manera, la mujer que, puñal en mano, se abalanzó sobre Borja, el goleador del Nacional, en el Metropolitano, es otro llamado de atención y un mensaje claro: no se están cumpliendo los protocolos de seguridad en los estadios. Entran armas blancas y otros objetos tan peligrosos como cadenas, que en manos de sujetos desequilibrados son aptos para causar una tragedia. En este caso, es de advertir que la sanción fue dura, como merece serlo, contra el Júnior y el Metropolitano.

Hace poco se encontraron en carretera los buses que conducían hinchadas de América, Júnior y Nacional cerca a Yarumal, y dicen que fue una batalla campal con el saldo de un fanático del Júnior muerto. Apenas unos rengloncitos para el hecho y todo el mundo pasando de agache en un hecho delictuoso, que amerita medidas de fondo.

Al actual director de la Policía Nacional, el tema parece no importarle. Las carreteras volvieron a ser territorio sin ley, donde unos energúmenos metidos en buses acaban con lo que encuentran. Con pocas excepciones, los delincuentes camuflados de hinchas que viajan por carretera arrasan con los locales a donde llegan, arman batallas campales, roban, saquean, agreden y matan al que encuentran en el camino. Parecen hordas.

A las finales llegan los equipos más emblemáticos, excepción del Júnior, y el tema debiera servir para que se tomen unas medidas elementales sobre desplazamientos, permisos, vigilancia y control de aquellos que se creen con derecho a vivir armados, agredir, mortificar, maltratar, golpear, a quien encuentran en el camino. La Policía debe hacer un esfuerzo y cumplir con el legado constitucional de proteger la integridad de los habitantes. No pueden seguir de agache, mirando para un lado y permitiendo a esos delincuentes su vandalismo.

Los síntomas están clarísimos, la enfermedad está creciendo. ¿Cuántos muertos se necesitan para reaccionar?

 

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