Por: Daniel García-Peña

Y ahora, lo más difícil

Luego de tantos ires y venires, firmas y re-firmas, el Acuerdo Final Final entre el Gobierno y las FARC quedó refrendado. ¡Por fin!

Como era de esperarse, el Centro Democrático sigue oponiéndose. Pese a que la gran mayoría de sus propuestas y observaciones, al menos las que hicieron públicas, fueron incluidas en el nuevo texto y sus huellas indelebles quedaron en prácticamente cada uno de sus apartes, ninguno de los voceros del No -ni uno- quedó satisfecho. Lo que esto demuestra es que lo que buscaban no era la “renegociación” del acuerdo -la gran mentira con la cual logaron engañar a mucha gente en el plebiscito-, sino su anulación. Al fin y al cabo, no olvidemos que Uribe y su combo siempre han planteado que en Colombia no existe un conflicto armado; por tanto, no cabe una solución política sino el aniquilamiento y sometimiento. En esa óptica no habrá nada que los satisfaga. Si las FARC hubieran aceptado ir a la cárcel, seguramente estarían inconformes por el tamaño de las celdas. 

Pero lo importante es que los acuerdos quedaron refrendados. Si bien es cierto que la ratificación por el Congreso no tiene el mismo impacto político que una aprobación por plebiscito, sí tiene toda la legalidad para dar inicio a la implementación. Al fin y al cabo, lo único que le otorgará verdadera legitimidad a los acuerdos es el cabal cumplimiento de lo acordado, que solo se mide con el tiempo.

De todas maneras, la buena noticia es que ya quedó superado el escollo de la refrendación. La mala noticia es que esa fue la parte fácil y que ahora se nos viene lo más difícil: la implementación de los acuerdos, un terreno de dura disputa social y política.

En la etapa inicial, buena parte de la implementación corre por cuenta del Congreso, que debe actuar con la misma celeridad con la cual se logró la pronta refrendación, ahora con el inmenso paquete legislativo que implican los acuerdos, ojalá con fast-track. Pero es al Estado en su conjunto al que le recae la inmensa responsabilidad, empezando, en primerísimo lugar, por cumplir con su deber básico de garantizar la vida. La Fiscalía debe darle a los asesinatos de líderes sociales, muchos de ellos relacionados con Marcha Patriótica, al menos la misma importancia que le ha dado ha perseguir las fortunas de las FARC.

En cuanto a las FARC, de la seriedad y transparencia con la cual manejen este tránsito de la guerra a la política sin armas dependerá el nuevo patrimonio que deben empezar a construir como proyecto postguerrilla.

Pero la parte más dura no le corresponde ni al gobierno ni a las FARC, sino a la sociedad. La posibilidad real de que la implementación de los acuerdos pueda convertirse en escenarios de transformación democrática está en manos de las comunidades, de los sectores populares, de los movimientos sociales, de los ciudadanos, quienes serán en últimas los más favorecidos. El plebiscito nos dio un retrato del país real en que vivimos: profundamente polarizado y mayoritariamente indiferente. Y es en ese país en el cual nos tocó dar la pelea por la implementación de los acuerdos, a sabiendas de que el gran plebiscito acerca del futuro del país será en el 2018.

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