Por: María Paula Saffon

Zidres y paz: un oxímoron

Con los ires y venires del nuevo Acuerdo de Paz, se ha perdido de vista que la Corte Constitucional está por fallar sobre la Ley Zidres.

Según la prensa, hay cuatro magistrados a favor de tumbarla y otros cuatro a favor de condicionarla sustancialmente. La decisión es crucial para el futuro del campo y para las posibilidades de que la paz se haga realidad. La ley propone un modelo de desarrollo rural que amenaza la meta del Acuerdo de Paz de incorporar al campesinado como sujeto económico y político. Sin el logro de esa meta, es posible que el Acuerdo no pueda garantizar la no repetición de las atrocidades, pues muchas se explican por la exclusión de los campesinos.

La ley dispone que el Gobierno podrá destinar tierras públicas a la ejecución de proyectos agroindustriales. Los proyectos pueden ser propuestos por cualquier persona o empresa asociativa. Pero las grandes empresas tendrían muchas más ventajas para ejecutarlos. Se establecen exigentes requisitos como la viabilidad financiera y administrativa, la capacidad de adquisición de tierras y el acceso a asistencia técnica. Y no se ofrece ningún apoyo para que las asociaciones campesinas puedan cumplirlos.

Las zidres podrían implementarse en cualquier lugar del país con altos índices de pobreza o sin acceso a infraestructura de transporte. Como sugieren Duarte y Ruiz, entre el 35 y el 43 % de los baldíos presuntos podrían cumplir con esas condiciones. Eso significa que las zidres disminuirían radicalmente la cantidad de tierras disponibles para dar en propiedad a los campesinos sin tierra, que es una meta clave del Acuerdo de Paz.

Además, según la ley, el Gobierno podría dar en concesión las tierras públicas a ocupantes ilegítimos si estos proponen el desarrollo de un proyecto agroindustrial. Esto va en contravía de la meta del Acuerdo de impedir que se legalicen tierras mal habidas.

Estas medidas ponen el objetivo de la eficiencia productiva por encima del acceso equitativo a la tierra. Suponen, sin probarlo, que la producción campesina es ineficiente por naturaleza y que por ello es preciso privilegiar la producción a gran escala. Pero muchos estudios de Berry y otros han mostrado que la pequeña producción puede maximizar el uso de recursos y mano de obra. Además, esa producción se puede estimular significativamente con incentivos estatales y puede coexistir con proyectos agroindustriales siempre que haya salvaguardas para que estos no la desplacen o absorban.

El mayor riesgo de la Ley Zidres es que lanza el mensaje de que la economía campesina no tiene cabida en el modelo de desarrollo rural del país. O bien los campesinos se convierten en grandes empresarios, o bien serán remplazados por aquellos. Pero la economía campesina es valiosa no sólo por contribuir a la producción del país; lo es, sobre todo, porque permite a un grupo enorme de personas vulnerables generar su propio sustento, al tiempo que permite que desarrollen prácticas sociales, políticas y culturales que dotan de significado su vida.

Los campesinos que quieren recuperar las tierras que han perdido o acceder a las que nunca han tenido no tienen únicamente razones económicas. Si fuera así, seguramente considerarían la migración a las ciudades como su mejor alternativa. Si fuera así, no habrían luchado obstinadamente durante casi un siglo por permanecer o retornar al campo a pesar de la situación de miseria y abandono estatal que han vivido.

En un contexto de transición, esa lucha debe recibir respuestas distintas, respuestas políticas que entiendan que la lógica de la eficiencia ha hecho posible el desplazamiento y que para impedir violencias futuras es preciso garantizar que los campesinos puedan permanecer en el campo en condiciones de seguridad y dignidad. El enfoque en la eficiencia de las zidres imposibilita que se implementen esas respuestas y, por ende, que se ponga fin a la historia de victimización del campesinado.

* Universidad de Princeton y Dejusticia.

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