Por: Arlene B. Tickner

Optimismo reservado

Cada vez que me requisan y me hurgan las maletas en el aeropuerto El Dorado, que me vuelven a esculcar al llegar a ciertos destinos extranjeros y que me interrogan por el simple hecho de vivir en Colombia, la futilidad de la “guerra contra las drogas” se vuelve patente.

Algo similar pienso cuando las autoridades anuncian la captura de otro capo del narcotráfico o el decomiso de un nuevo cargamento millonario de drogas.

Los “triunfos” en la reducción de las áreas cultivadas y el combate a grupos criminales en América Latina y el Caribe han producido cambios en el locus de las actividades de cultivo, procesamiento y distribución —dentro del llamado efecto globo—, sin alterar en lo sustancial la magnitud del negocio de las drogas ilícitas. Tristemente, desde los años setenta los países afectados han intercambiado entre sí el problema como si fuera una papa caliente. De la misma forma que los cultivos de coca se han movido entre Colombia, Perú y Bolivia (y antes los de marihuana entre México, Jamaica y Colombia), el crimen organizado ha migrado de un lugar a otro. Como lo ilustra el angustiante caso de Centroamérica, el “éxito” de los programas aplicados en algunos países se ha convertido en el “contagio” a otros.

Crecientemente, el régimen internacional de control de drogas, que reproduce la dicotomía prohibición/legalización que plantea el tema en términos de un mal moral que hay que extirpar del cuerpo mundial, está desfasado con respecto a la realidad e impide la formulación de estrategias alternativas. Dicha inercia se ve agravada por la oposición al debate de los países punitivos más fuertes —China, Estados Unidos y Rusia—, así como la ambigüedad de otros potencialmente influyentes, como Brasil.

Pese a lo anterior, hay razones para el optimismo reservado. En un solo año varios presidentes en ejercicio, entre ellos Juan Manuel Santos, han hecho llamados para que esta “guerra” inútil se revalúe y en días pasados plantearon el tema ante la ONU. La decisión de los jefes de Estado en la Cumbre de Cartagena de comisionarle a la OEA un estudio también es representativa del cambio.

Más dicientes aún han sido los ensayos hechos alrededor del mundo con distintas modalidades de despenalización y descriminalización. Por ejemplo, el principio de la reducción del daño ha sido aplicado con comprobada efectividad en toda Europa occidental, Australia, Canadá, muchas ciudades de EE.UU. y algunos países de América Latina, desde programas de intercambio de jeringas hasta centros de consumo.

En Colombia, el Estatuto Nacional de Drogas plantea aspectos como la reglamentación de los cultivos ilícitos para fines legales y la descriminalización de los pequeños cultivadores, la creación de centros de atención al consumidor y la regulación de la dosis personal. Ello ha tenido en Bogotá un paralelo en los Camad, inaugurados hace poco. Más allá de sus contenidos específicos, se trata de esfuerzos por crear políticas propias que respondan a las realidades del país y no a las imposiciones externas.

Dentro de las tendencias señaladas, que suscitan optimismo, dos tareas que aún no ha enfrentado la región exitosamente son el diseño de mecanismos que reduzcan la transferencia del problema entre países y la ampliación del debate mundial para incorporar la violencia generada por el crimen organizado.

 

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