Orden público

Un reto central para el nuevo gobierno es avanzar en lo que se conoce como orden público para alcanzar la tan anhelada paz. Con la desmovilización de las Farc desapareció la mayor y más prolongada violencia política en la historia nacional. Pero queda el Eln, con miope visión política y sin la verticalidad de mando de las Farc. Además, hay disidencias guerrilleras, bandas organizadas, narcotráfico, minería ilegal, tala de bosques, asesinato de líderes sociales y diversos delitos derivados de la inoperancia del Estado.

La biodiversidad del país, producto de la gran complejidad del territorio y la amplia dispersión de fuentes hídricas, es la mayor del planeta en términos relativos. A ella se suma la autonomía cultural de regiones y subregiones aisladas entre sí. Pero estos factores justifican sólo en parte la fragilidad estatal y la persistencia histórica de violencias, sobre todo en un país con democracia formal casi permanente y con pocas dictaduras.

La autonomía militar en el manejo del orden público en los últimos 60 años estimuló violencias y debilitó políticas estatales. Con un largo conflicto armado interno, los gobiernos ni siquiera lograron una política de Estado —centrada en una ley de seguridad y defensa para orientación estratégica—, con el fin de evitar improvisaciones militares y suplantación de funciones por organizaciones criminales. Además, la policía militarizada pasó a depender de ministros de Defensa civiles que desconocen las instituciones armadas. Y la intervención gringa proyectó una reorganización militar acompañada de crecimiento en presupuesto y efectivos. La debilidad política estatal alimentó clientelismos y corruptelas hasta desembocar en un caudillismo trasnochado, inédito en el país. Las confrontaciones políticas desarticularon una nación débil de por sí.

Con un nuevo ministro de Defensa extraído de la dirigencia empresarial y anclado en la ideología pendenciera del neocaudillo, el gobierno entrante se propone enfrentar el desorden público. La cúpula militar, separada en buena parte de la influencia de la recalcitrante reserva activa, quedó en la cuerda floja frente a la ideología del gobierno entrante. Este año le ha propinado golpes a la delincuencia organizada. Sin embargo, aún subsiste cierta ambigüedad frente a la necesidad de combatir la violencia interna, con respecto al tradicional papel militar de defender la soberanía hacia el exterior.

Es indispensable, entonces, incorporar en la agenda militar la totalidad de amenazas organizadas, sobre todo al ver que las más difusas se expanden. Se requieren además rediseños de dispositivos militares (distribución territorial de unidades) relativamente autónomos en las dispersas regiones críticas para el orden público, con respecto a un dispositivo para el resto del país.

En cuanto a la Policía Nacional, hace mucho que está en mora una drástica reforma hacia su desmilitarización, unida a su traslado al Ministerio del Interior, con un viceministerio exclusivo para ello. La seguridad ciudadana, urbana y preventiva, acompañada de una estructura policial menos vertical, es condición sine qua non para que esta fuerza cumpla cabalmente sus funciones.

Lo anterior está centrado en la fuerza pública, pero naturalmente quedan pendientes numerosos factores estructurales necesarios para impulsar el mismo objetivo. Entre ellos se destaca la calidad de la educación y en particular la ética ciudadana.

* Miembro de La Paz Querida.

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