Por: Rodolfo Arango

Ordenando el territorio

EL MINISTRO DEL INTERIOR Y DE Justicia ha presentado el proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial a consideración del Congreso.

Se trata de una iniciativa conservadora, competencial y abstracta. Brillan en la iniciativa la búsqueda del desarrollo económico y el eficiente manejo de los recursos públicos por parte de los entes territoriales. Resuena en el trasfondo del proyecto el ancestral temor a federalizar el país y repetir con ello la fallida experiencia de la Constitución de Rionegro, máxima expresión del liberalismo radical. No asombra entonces que la soberanía y la unidad nacional sean los elementos que encabezan el listado de principios rectores de la propuesta. En el marco normativo presentado priman la planificación, la gestión y la administración de intereses, aunque también se mencione el fortalecimiento de la identidad cultural. Queda en manos del nuevo Congreso la posibilidad de enriquecer la iniciativa y de hacer justicia a las demandas que desde las regiones se elevan en contra del excesivo centralismo del régimen político colombiano.

En cuanto al carácter de las regiones, la propuesta opta por la construcción de “Regiones Administrativas” y “de Planificación”. El imaginario del Gobierno calla o se reserva la posibilidad de “Regiones Culturales” con una autonomía política mayor a la que actualmente ostentan las cinco o seis regiones culturalmente diversas de las que hablaba el sociólogo y experto en el tema Orlando Fals Borda. La cultura no se toma en serio como elemento central del ordenamiento político territorial. Se confunde con bandas de pueblo o conciertos de acordeón. Es incierto cómo recibirá el bloque costeño la exigua propuesta de reparto de recursos, responsabilidades y competencias. Lo cierto es que el Gobierno ha optado por caminar lento y ser prudente, quizás emulando la integración europea, que antes de ser política fue económica.

Sólo cuando se ha vivido el abandono de las diversas regiones es posible entender lo asfixiante que resulta el centralismo político del país. No resulta muy claro cómo el articulado propuesto pueda quebrar esa tradición. En particular cuando al enunciar el principio de autonomía, sostiene tautológicamente que “las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley”.

Más progresista, en apariencia, resulta el mecanismo de fomentar la solidaridad y la equidad territorial mediante un sistema de transferencias de las regiones con mayores capacidades a las regiones de menor desarrollo relativo para posibilitar el desarrollo armónico del territorio. No obstante, lo pretendido termina por limitarse drásticamente mediante la consagración del principio de “economía y buen gobierno”, el cual exige a la organización territorial del Estado “garantizar la autosostenibilidad económica, el saneamiento fiscal y la profesionalización de las administraciones territoriales”, así como privilegiar “la reducción del gasto y el buen gobierno”. En eso el Gobierno refleja su sello conservador, ese que lo acerca en la posteridad más a Lleras Restrepo que a López Pumarejo. ¡Comprensible que las locomotoras de tierras y de innovación estén rezagadas en el plan de desarrollo de 2011!

Por lo demás, el proyecto crea comisiones a nivel nacional y regional, a la usanza de que, cuando no se quiere o no se puede resolver un problema, se crea una comisión. Ojalá que el Legislador en esta oportunidad, aprovechando las grandes mayorías de la coalición santista, no entierre el espinoso y complejo asunto del ordenamiento territorial, como ha sucedido más de una decena de veces desde la expedición de la Constitución de 1991.

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