No le dio temor al presidente Santos pronunciar la palabra legalización en distintos escenarios internacionales y para importantes medios de otros países.
El hecho de que la idea la digamos —y repitamos— nosotros, la prensa escrita, o incluso los sectores académicos más prestigiosos, pasa casi inadvertido pese a los esfuerzos teóricos y conceptuales que se han hecho para tumbar, uno a uno, los argumentos que pretenden continuar con esta insensata lucha de la que se dice en todos los rincones que es un “fracaso”. Las drogas son un tema ideológico, que divide a la opinión, pero que es relativamente sencillo de entender. Sin embargo, son las personas de más peso político las que avanzan a todo vapor para continuar imponiendo la prohibición. Y, claro, ante un tema como el de las drogas con sus efectos perversos, que los tiene, convencen fácilmente. Pero cuando el que dice que hay que dar un giro es un presidente en ejercicio —no un exmandatario que sale a plantear lo que durante su gestión no se atrevió a hacer—, proveniente de un país que conoce el tema del narcotráfico desde todos sus frentes, la cosa cambia. Y mucho.
Hasta ahora, lo del presidente de Colombia había sido empero puro discurso. Sus actos de gobierno previos a sus declaraciones vanguardistas, incluso, parecían ir totalmente en contravía: no podemos olvidar que al inicio de su período se aprobaron normas represivas como el Estatuto de Estupefacientes o la Ley de Seguridad Ciudadana, dos disposiciones que continuaban con la antipática lucha frontal contra los consumidores de drogas.
Esta semana, en cambio, el Gobierno Nacional ha anunciado que va a llevar al Congreso un proyecto para despenalizar la dosis mínima de drogas sintéticas, tales como las metanfetaminas o el éxtasis, con la finalidad de tasar una proporción igual a la que tienen drogas de uso más extendido como la marihuana (5 gramos) o la cocaína (1 gramo). “El sentido general es aceptar que Colombia es un país consumidor, es la realidad de nuestro país, así que hay que tratar este punto como un tema de salud pública”, dice la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, y no podría estar más en lo cierto por más que el tema sea polémico. El enfoque ha de cambiar pronto.
Tratar a los consumidores como delincuentes trae dos problemas principales: el primero es que se reduce el enfoque de política pública, al no saber diferenciar si están enfermos en la adicción, son consumidores habituales, casuales, entre otros (hay una amplia gama que se desconoce), lo cual intensifica en gran medida el problema de las drogas; y en segundo lugar, trae el problema de la marginalidad, que a veces es infinitamente mayor que el que causan las drogas directamente.
Para ahondar en todos estos aspectos el Gobierno ha inaugurado una Comisión Asesora en Política de Drogas (una hija de la de Política Criminal) que deberá definir sus recomendaciones desde la persecución a las redes criminales y no al ciudadano consumidor, hasta temas mucho más grandes, como saber qué cantidad de alguna droga determinada corresponde a una dosis mínima. La tarea no es fácil; sin embargo, está previsto que para diciembre de este año el documento esté listo.
El consumo de drogas no es un problema de orden y represión. Es una cuestión que va más por la esfera de la salud y la libre decisión de una persona. Si hay suerte, el dolor de cabeza que ha supuesto para Colombia no seguir esta afirmación se acabará, al menos en un primer e importante paso.