Por: Mauricio Rubio

Otra mirada al 8000

La campaña presidencial financiada por el Cartel de Cali es un hito —de la corrupción y el conflicto— que vale la pena repasar.

El incidente permitió calibrar la infiltración del narcotráfico en la política y la intromisión norteamericana en nuestros asuntos domésticos. Casi cae un primer mandatario y se fortalecieron como nunca las Farc; tanto, que escogieron al sucesor.

Semejante escándalo se armó a pesar de que la práctica ya era usual, no sólo en comicios locales sino también presidenciales. Al monto sin precedentes, definitivo en la victoria electoral del 94, se sumó el poder de quienes destaparon el entuerto. Quedó confirmado que la corrupción no afectaba exclusivamente a las regiones; la élite capitalina también era ducha en arreglos sucios.

Nunca fui hincha de Samper, pero en aquella época me enfrasqué en acaloradas discusiones sosteniendo que no debía renunciar: para defenderse siguió los procedimientos, no presionó a la prensa y cayeron varias cabezas. Mi otro argumento por analogía era que un club de marihuaneros no podía expulsar a un socio simplemente por fumarse un cacho más grande. Hace unos años miré de cerca el incidente y me sorprendió la frescura con la que fue preparado y ejecutado. Además de sentirse en terreno conocido, sus autores tal vez pensaron que, al lado de la barbarie de los Pepes, lograban un civilizado acuerdo de paz con el narcotráfico. El 8000 no surgió de una vulgar vendetta apoyada por los gringos sino de un verdadero pacto de caballeros, sin derramamiento de sangre; un contrato sencillo, poco ambicioso, de un futuro gobierno con un temible contendor en la insensata y sangrienta guerra contra las drogas. El país no aguantaba otra locura criminal como la cacería a Pablo Escobar. Por la paz lo que sea, nos han repetido hasta el cansancio.

La misma lógica —mejor plata que plomo— podría ayudar a entender por qué a muchos colombianos parece no importarles elegir una y otra vez políticos corruptos. Comparado con el infierno que vivieron las regiones azotadas por el conflicto, cualquier arreglo político que no sea a bala implica un avance. Que se roben recursos de una carretera es una molestia menor al lado de un desplazamiento para huir de la violencia. Sobre todo cuando la plata para el voto viene de bolsillos lejanos.

Tanto el pacto de Recoletos como el Acuerdo de La Habana fueron la culminación de diálogos a puerta cerrada con una organización criminal que, aunque crucial en el conflicto, estaba lejos de ser la única. Ganar la presidencia para arreglar la situación legal del Cartel de Cali era un objetivo loable si disminuía la violencia. Desde siempre, y en retrospectiva con mucha razón, Ernesto Samper buscó negociar con contrabandistas y traficantes en lugar de declararles la guerra. El soporte académico, intelectual e internacional a esos convenios es precario, pero solo en el papel. En varios países, por ejemplo en España, la droga financió elecciones, y aceitó la justicia. Simultáneamente, políticos y magistrados venales rechazan sin atenuantes el proselitismo armado, oponiéndose rotundamente a que el Estado negocie con sus enemigos, como aplauden que se haga en Colombia. Los gringos, por su lado, terminaron pactando con los narcos lo que sabotearon acá. Ahora además cultivan marimba y generan adicción a la heroína con receta médica.

La estrategia santista de generosas concesiones para desmovilizar un solo actor armado está saliendo cara. Empeñó demasiado por una paz parcial y esquiva. Por eso el encarte: el Eln atrae conversos envalentonados por un acuerdo que legitimó la impunidad; los paras, con vigorosa demanda, los persiguen, llenan sus espacios y buscarán estatus político; el “auge cocalero” empaña las relaciones con unos EE. UU. menos comprensivos; una fortuna ilegal intacta y blanqueada permitirá que los comandantes farianos, al lado de la política, hagan negocios, y negociados, amparados en su severo prestigio y lejos de la DIAN; líderes sociales caen asesinados sin sindicado conocido, los desplazados persisten y, última perla, la entrega de armas será “reservada”, eufemismo para cubrir la fracción del arsenal que quedará encaletada. “El Gobierno no tendrá la foto”, había anticipado Andrés París sobre el desarme desde 2013.

“En realidad, las armas son lo de menos” admite impávido Sergio Jaramillo en una entrevista. Sin ver el nuevo elefante, se lamenta de que el país  “parece no saber que terminó el conflicto, que cesaron los combates”. Olvida la apatía cuando se iniciaron los diálogos y las amenazas oficiales para recordar en las ciudades que la guerra seguía. Al confundido comisionado le sorprenderá aún más que algunos empecemos a preguntarnos si, a pesar de sus estragos, el 8000 fue menos oneroso que la paz habanera en instituciones maltratadas y bandidos impunes. No son solo dificultades de implementación sino incoherencias que no corrige ni un Nobel.

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