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“¿Cuándo fue privatizada la libertad de expresión? Twitter y Facebook han tomado un peligroso camino”, escribió en inglés, en su cuenta de Twitter, Pacho Santos, embajador de Colombia en Washington, protestando por el cierre de las cuentas de Donald Trump. Lo hizo luego de que las turbas trumpistas impulsadas por el presidente se tomaran el Capitolio, dejando un saldo de cinco muertos y más de 90 heridos.
Nuestro embajador emitió ese trino justo cuando el presidente electo, Joe Biden, dijo que “quien haya intervenido en la desinformación en las elecciones de EE. UU. enfrentará consecuencias” (recuérdense las acusaciones a Biden de ser “castrochavista”); cuando en los círculos demócratas se habla de que el Congreso investigará a los que intervinieron en los comicios, y cuando se dice que Colombia ocupará uno de los primeros lugares en esa investigación.
Si bien el embajador Santos —que es uno de los señalados de haber querido interferir durante la campaña para favorecer a Trump— borró el trino, el hecho de que lo haya escrito no es solo una imprudencia, sino la prueba de que el presidente Iván Duque tendría que enviar ya, como embajador en Washington, a alguien que pudiera reconstruir las maltrechas relaciones —por más que lo nieguen— entre el gobierno colombiano y los demócratas, quienes mandarán en EE. UU. a partir de la semana entrante.
Pero no solo fue Pacho Santos el que trinó para protestar porque las redes sociales censuraron a Trump. Lo hicieron igualmente senadores del partido de gobierno, encabezados por su jefe, Álvaro Uribe. Sin embargo, ellos no protestaron por la toma violenta del Congreso por parte de los trumpistas. Esa doble moral del jefe de Duque y de su partido poco le ayuda a su gobierno.
Ahora, otra cosa es el debate sobre las redes sociales y la libertad de expresión: así como en los medios tradicionales hay un director que responde por la veracidad de lo que se publica, en las redes cualquiera dice lo que le da la gana.
Claro que la posibilidad de que todos podamos expresarnos públicamente es un avance para la democracia, ¿pero qué pasa si quien utiliza las redes es un loco que gobierna el país más poderoso del mundo y cuyas mentiras, opiniones e incitaciones pueden llevar a la violencia y al delito?
Según The Washington Post, desde que se posesionó, el presidente Trump ha dicho un promedio de 14,6 mentiras al día. Después de su derrota electoral, el promedio subió porque se dedicó a repetir, sin una sola prueba, que hubo fraude y que el ganador de las elecciones era él. Esa afirmación, repetida por Trump en las redes, puede poner a EE. UU. al borde de la guerra civil. De manera que la decisión de clausurar sus cuentas no puede ser más acertada.
Por otra parte, la traumática experiencia del gobierno de Trump debería llevar a los parlamentos, empezando por el nuestro, a aprobar una ley que obligara a todos los aspirantes presidenciales, antes de inscribir su candidatura, a someterse a una evaluación psiquiátrica y así determinar si están mentalmente habilitados para ejercer el poder.
¡Cuántas tragedias nos hubiéramos ahorrado y cuántas nos ahorraríamos si esa ley existiera!
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Conocí a Virgilio Barco: era un liberal de convicciones profundas, un demócrata. Él jamás, como presidente, hubiera mandado exterminar a un partido político. Su memoria no puede mancillarse cuando ya Barco y quienes podían defenderlo están muertos.