Por: Gustavo Gallón

“Pacificar la paz”

Uno de los tres objetivos de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición es promover la convivencia en los territorios. No solo debe contribuir al conocimiento de lo ocurrido y al reconocimiento de las víctimas y de las responsabilidades, que es lo típico de una entidad de esa naturaleza. El Acuerdo de Paz le exigió además crear “un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia”. Es un desafío enorme, pero muy valioso.

Para afrontarlo convendría tener en cuenta la experiencia de la Comisión para la Superación de la Violencia, creada en 1991 por los acuerdos de paz celebrados entre el Gobierno, el Ejército Popular de Liberación y el Movimiento Armado Quintín Lame. Su informe, Pacificar la Paz, fue publicado por IEPRI y otros (Bogotá, 1992). Parte de su trabajo consistió en organizar talleres de reflexión entre actores regionales sobre las causas y propuestas de solución de la violencia en los territorios donde habían actuado esas guerrillas: Córdoba, Urabá, Putumayo, Norte de Santander, Risaralda, Noroccidente antioqueño y Cauca. De no haber sido por la persistencia del conflicto armado con otros grupos, las sinergias generadas por dichos talleres entre sectores populares, empresariales, autoridades, organizaciones de víctimas, de derechos humanos y de desarrollo habrían podido concretarse en pactos de convivencia en diversas zonas del país hace 25 años.

En cada región se identificaron conflictos generados por la apropiación excluyente de recursos económicos (tierras, banano, petróleo), agravada en ocasiones por economías de enclave que no revertían sus beneficios a la región, y por narcotráfico, además de corrupción administrativa, violencia estatal y no estatal, impunidad, ausencia o precariedad de servicios públicos. Fue evidente la necesidad de un fortalecimiento de la sociedad civil que potencie su acción ante el mercado y ante el Estado, con un enfoque participativo y de concertación entre diversos grupos de ciudadanos y las instituciones estatales (pág. 290), en vez de un crecimiento generador de inequidad, que ha sido lo predominante en nuestra historia.

La Comisión de la Verdad es el instrumento más adecuado para hacer realidad ese propósito. La mayoría de los conflictos armados en nuestro país durante los últimos dos violentos siglos se han concluido mediante negociaciones de paz, seguidas de reformas constitucionales. Lo que ha faltado es negociar la convivencia a nivel local y entender, humildemente, que ella se basa en la identificación de las posibilidades de juntar, como lo han hecho otras naciones, las potencialidades de los habitantes, a partir de la vida cotidiana en su territorio, para obtener ganancias colectivas, empezando por el trabajo, la alimentación, la vivienda, la salud, y la educación. Para ello se requiere un pacto de no violencia, también previsto en el Acuerdo de Paz.

Utópico, dirán algunos. En realidad, realista, luego de tantos años de violencia inútil. Y factible, a juzgar por la experiencia de la Comisión para la Superación de la Violencia.

*Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).

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