Por: Dolly Montoya Castaño

Pacto de las fuerzas vivas por la educación superior

Quiero iniciar esta columna enfatizando que la educación pública es la mejor vía para proyectar nuestro desarrollo, la prosperidad y el bienestar de nuestra sociedad. Esto solo se logra mediante la formación de seres integrales con conciencia social, a través del desarrollo de actitudes ciudadanas y de la gestión del conocimiento  en la formación, la investigación y la comunicación de los aprendizajes.

Estos son principios aceptados por toda sociedad. En este contexto, desde el empalme con el Gobierno del presidente Duque manifestamos nuestra profunda preocupación por la crisis acumulada desde hace 25 años en las instituciones públicas de educación superior; crisis que ha sido evidenciada por la comisión de vicerrectores administrativos del SUE que se ha encargado de hacerle seguimiento a este tema.

A partir de estos análisis en la Universidad Nacional de Colombia, elaboramos el Decálogo para la construcción de una política de Estado de las universidades públicas colombianas, documento que contiene las tareas específicas de corto, mediano y largo plazo para alcanzar este propósito. El decálogo fue construido por la comunidad universitaria y aprobado por el Consejo Académico.

Debemos resaltar el compromiso de las comunidades universitarias, que desde el pasado 11 de octubre, se movilizaron para proponer y encontrar salidas a las crisis y a las que se fueron sumando otros sectores de la sociedad. Estas movilizaciones transcurrieron con creatividad y gallardía para exigir mayor presupuesto para la educación superior, evitando las provocaciones de los violentos.  

Gracias a esto se logró, el pasado 26 de octubre, un primer acuerdo entre el presidente Duque y los rectores  de las universidades públicas e instituciones técnicas y tecnológicas. Posteriormente, se estableció la Mesa de Diálogo Constructivo por la Educación Superior,  facilitada por la ministra de Educación, María Victoria Angulo, y acompañada por otros miembros del Gobierno Nacional, e integrada adicionalmente por organizaciones estudiantiles como ACREES, FENARES, UNEES, la mesa de profesores de la Universidad Nacional de Colombia y AsoproUdeA.  

Simultáneamente fue creada en  la Cámara de Representantes la Comisión Accidental para la Educación Superior, que radicó el proyecto de Ley  que busca modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.

Con todo, se pactó el aumento de $4,5 billones para el presupuesto de las universidades públicas y de las instituciones técnicas y tecnológicas entre 2019 y 2022. Un suceso histórico que fue el culmen de una serie de acontecimientos y procesos en los cuales participaron diversos sectores de la sociedad civil y que se concreta en un aumento de 3,5 puntos sobre el IPC para 2019, 4 puntos sobre el IPC para 2020,  4,5 puntos sobre el IPC para 2021 y, por último, 4,65 sobre el IPC en 2022. Aproximadamente, $320 mil millones de los excedentes de cooperativas y $1,5 billones procedentes del recaudo de regalías para el 2019 y 2020,  además de otros aportes para la formación de alto nivel en programas de doctorado.

Todo lo anterior ha sido gracias al compromiso de los distintos sectores sociales en diferentes momentos, entre los que se encuentran  estudiantes, profesores, egresados y padres de familia.

Quedan pendientes algunas tareas: la de consolidar estos acuerdos en leyes de la República, apoyados en la Comisión Accidental de la Cámara y la construcción de una política de Estado para la educación pública en el país mediante la participación de todos los agentes del sistema de educación superior y de la sociedad.  

En general este proceso ha demostrado que para construir país, son necesarios los acuerdos entre los diferentes actores sociales y estatales que, con distintas perspectivas y visiones, aportan a la construcción de nación.

*Rectora, Universidad Nacional de Colombia.

@DollyMontoyaUN ‏

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