Pacto de rechazo a la violencia contra líderes sociales

Luis I. Sandoval M.
16 de julio de 2018 - 09:00 p. m.

El pasado martes 10 de julio se suscribió el Pacto de Rechazo a la Violencia Contra Líderes Sociales al que había convocado días antes el presidente de la República Juan Manuel Santos. 

El breve texto reza así: “El jefe del Estado, los voceros de las ramas del poder público, los voceros de las organizaciones políticas, respetando las tendencias ideológicas de cada una de ellas, suscribimos el presente pacto para rechazar y condenar los homicidios, atentados y amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.

“El derecho a la vida y el respeto a la diferencia son pilares fundamentales de un Estado democrático. Las diferencias ideológicas no pueden ser un obstáculo para que nos unamos en torno a estos valores superiores.

“Asumimos el compromiso de sumar esfuerzos, desde cada uno de nuestros ámbitos de competencia, para proteger a los líderes sociales y a los defensores de Derechos Humanos”.

Suscriben el Pacto el presidente en funciones, el presidente electo, el actual vicepresidente y la futura vicepresidenta, los presidentes de las Cortes, el Fiscal, el Procurador, el Defensor del pueblo, el Registrador, los Presidentes de Cámara y Senado, los partidos políticos incluido el nuevo partido FARC.

Este pacto es un paso de cuya importancia el país no se ha percatado. Los medios no le han dado el despliegue que se merece con miras a apuntalar su eficacia. El pacto en defensa de la vida de los líderes sociales es un ejemplo de pacto sobre lo fundamental. El segundo párrafo de la sucinta declaración es claro en indicar que hay valores superiores alrededor de los cuales es preciso unirse sin que para ello sean obstáculo las diferencias ideológicas.   

Con sentido de anticipación estratégica el pasado Congreso Nacional y Regional de Paz (junio 2017) había recabado sobre la necesidad de este tipo de pactos. En el proceso electoral cumplido insistió en ello la Campaña de Colombia Humana a través de su candidato Gustavo Petro y su fórmula Ángela María Robledo. Inexplicable que esta fuerza política, la segunda en votación, varios de cuyos integrantes locales ya han sido asesinados, no haya sido invitada a suscribir el pacto. 

Ello no es óbice para reconocer el hecho destacable de que el Gobierno saliente, el Presidente Santos y su ministro del Interior, Guillermo Rivera, hayan logrado la concertación necesaria para suscribir el pacto. Pero no se trata solo de declarar, se trata de hacer con oportunidad y contundencia. 

Definitivo será que el presidente entrante Iván Duque y su ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez no desdeñen el pacto como algo del pasado gobierno, mantengan y fortalezcan la voluntad de cumplir, den pleno apoyo a la Comisión de Garantías, y prosigan el empeño de coordinar al conjunto de las entidades públicas de todo orden y nivel para que muy pronto se vean los resultados.  

No puede seguir siendo un misterio la existencia real o ficticia de las Águilas Negras que todas las semanas hacen llegar panfletos de amenazas en los que se aprecia un conocimiento detallado de organizaciones y personas a las cuales se quiere intimidar. Varias de los mencionados, individuos o colectivos, ya han sido objeto de agresión en diferentes ciudades y regiones. Los victimarios están priorizando distinto tipo de personas según las regiones. Es evidente la presencia de una tenebrosa inteligencia estatal y paraestatal. 

Constituyen pasos positivos la adopción del Estatuto de Oposición, la Ley de Acogimiento a la Justicia y el Decreto 660 sobre garantías de seguridad para comunidades locales. Son instrumentos adecuados para una política integral en favor de la vida cuya protección es la primordial razón de ser de las instituciones públicas en democracia. No pueden quedarse en el papel.  

Hay movimiento social en auge por la vida, la de los líderes, hombres y mujeres, en todo el país y en el exterior. La comunidad internacional también se ha manifestado con toda claridad. Este movimiento estoy seguro permanecerá vigilante del cumplimiento del pacto suscrito y tomará nuevas iniciativas sobre la aberrante situación existente. 

No se puede descansar un minuto, ni ahorrar ningún medio legítimo, ordinario o extraordinario, hasta asegurarse que la muerte no siga segando vidas. Un lector me pide aclarar (columna anterior): las muertes de líderes comunales no son 16 sino 46 en lo que va de año. Hay que darle eficacia real al pacto, sin demora. 

lucho_sando@yahoo.es 

 

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