¿Pactos para desconocer la historia?

Como su nombre lo indica, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, contiene una serie de pactos que abarcan 14 temas. Esto significa que a través de él se busca llegar a acuerdos entre los diferentes sectores y actores que conforman la Nación sobre las directrices que marcarán el rumbo de Colombia en este cuatrienio. Sin embargo, esta intención parece desdibujarse en la introducción, cuando se afirma que gracias al gobierno de Álvaro Uribe Vélez Colombia se libró de los “senderos tenebrosos de la ilegalidad, la violencia y la ausencia de control del territorio”. ¿Acaso esta afirmación refleja el sentir de todos, o por lo menos de la mayoría de los colombianos? ¿Se pueden construir pactos y acuerdos a partir de afirmaciones que de entrada excluyen a millones de personas que no se sienten representados por esta aseveración?

Si el objetivo de un plan de desarrollo es desarrollar los lineamientos de la política pública del gobierno para el país, posiblemente esto es lo que debemos esperar los colombianos en los próximos cuatro años. Hacernos creer que la historia contemporánea del país comienza y termina con el expresidente Uribe, como si no hubiera pasado ni futuro sin él. Pero este no es el único hecho que ilustra la intención de algunos funcionarios del Gobierno, dirigentes políticos y empresariales de desconocer el pasado y por esta vía impedir que se conozca la verdad. O que solo se conozca una verdad, la que satisfaga sus propias conveniencias.

Otros ejemplos del talante que parece estarse imponiendo en la administración de Iván Duque son los intentos de nombrar en la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica a personas abiertamente contrarias al acuerdo de paz entre el gobierno anterior y las Farc, y que han descalificado a la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial de Paz argumentando que son de tendencia izquierdista y afines a las guerrillas comunistas. O el desconocimiento de protocolos internacionales suscritos por el Estado colombiano, con el respaldo de los países garantes en el marco de los diálogos de paz con el Eln, con el argumento de que fueron firmados por el anterior gobierno. O lo que dispone el Decreto 179 de 2018, “por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, sobre las funciones del comisionado de Paz. Una de ellas es “coordinar y desarrollar acciones y programas de pedagogía que promuevan el conocimiento de la política de paz, legalidad y convivencia y el contenido de los acuerdos que se suscriban por parte del Gobierno Nacional con los grupos armados organizados al margen de la ley”. Nuevamente la preocupación es si con esto se pretenden relegar al olvido las políticas y procesos de paz de anteriores gobiernos y si solamente se va a divulgar lo que haga la presente administración.

Por último, aún resuenan las palabras de la ministra del Interior afirmando que la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de la Paz podría ser objetada por el presidente por inconveniencia. Cuesta trabajo pensar que esta afirmación fue improvisada o inconsulta. Y, por ende, cabe preguntarse para quién puede resultar inconveniente.