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La medida, que entrará en vigencia a partir del 1º de enero del 2020, es tan absurda que en lugar de aminorar el problema lo que hace es complicarlo, empezando porque viola la Constitución Política y algunos abogados penalistas la consideran extorsiva.
Pretender dividir la ciudad entre ricos y pobres es tan absurdo como dividirla entre blancos y negros, generándose, desde luego, todo tipo de problemas sociales que fácilmente pueden terminar en hechos violentos.
La doctora Claudia López, alcaldesa electa, debería asumir una posición más clara frente a un asunto tan delicado, puesto que a ella, como nueva mandataria de los capitalinos a partir del 1° de enero del 2020, le tocará lidiar con semejante fiasco y el arrume de demandas que lloverán, con la casi seguridad de que quienes las interpongan saldrán airosos.
¿Quién le dijo al señor Bocarejo, secretario de Movilidad del Distrito, que pagando $4 millones anuales o $2 millones semestrales desaparecen todos los males del maltrecho y sufrido transporte vehicular de la ciudad capital?
En ningún Estado de derecho del mundo existe el pago de una contribución para eximir a grupo de potentados ciudadanos de cumplir una norma que, para el caso que nos ocupa del Distrito Capital, ha debido sufrir todos los trámites de rigor ante los órganos legislativos y jurisprudenciales.
¿Será que el señor Bocarejo piensa que con una medida tan marrullera como extravagante la divina providencia se compadecerá de los sufridos bogotanos y les pinte en el aire avenidas mágicas y automáticas, para que los más pudientes se den el lujo de transitar por ellas y a nosotros los paupérrimos se nos salgan las babas, pero de la envidia?
El artículo 13 de la Constitución Política dice muy claramente: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades, y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El embeleco de querer imponer en Bogotá un pago para evitar el pico y placa suena a abuso de autoridad y es por demás abusivo. Viola, como ya dijimos, el artículo 13 de la Constitución Política.
La iniciativa del pico y placa nació precisamente para descongestionar la ciudad y procurar un ambiente más sano y menos contaminado, pero resulta que con el correr de los años apareció la fórmula mágica para desaparecer todo el caos vehicular capitalino con el pago de una contribución.
Es indudable que Bogotá, ciudad capital y de todos los colombianos, requiere de un sistema de transporte más moderno, con planes y programas de desarrollo, pero, óigase bien, señor Bocarejo, sin meter la mano al bolsillo de los ciudadanos en forma tan abusiva y descarada como usted pretende hacerlo.
Con el día sin carro que anualmente se programa en la capital, nos damos cuenta de que hay una oferta desaforada de transporte público que no se compadece con la realidad del caos capitalino.
Si existiera una buena plataforma de movilidad, serían cientos los vehículos de transporte público que tendrían que ser guardados, puesto que la oferta es superior a la demanda, pero ante el rey de la trifulca se impone el desorden y, lo más grave, con intereses politiqueros.
Durante el día sin carro hemos observado cómo gran cantidad de taxis circulan vacíos y así mismo buses y busetas. Por consiguiente, lo que se requiere es ordenarlos de acuerdo a las necesidades básicas de los bogotanos.
Existen sectores de la ciudad donde el transporte es abundante y en otros escasea en tal forma que los viajeros muchas veces tienen que esperar varias horas para conseguir un cupo.