Por: Salomón Kalmanovitz

País mafioso

No es claro cuáles son los parámetros para definir a un país como mafioso.

¿Que el 51% de la fuerza de trabajo esté contratado por el crimen organizado? ¿Que el Estado esté capturado por las mafias? ¿Que las exportaciones de drogas superen a las legales?

Para Cristina de la Torre (El Espectador, 30 de agosto de 2011), el rasero económico es que las exportaciones de cocaína y heroína que, según ella, fueron de US$13.118 millones en 1998, superen las exportaciones legales. Ella cita, sin precisar, estudios del Banco de la República y consultorías del DANE. Habiendo trabajado la literatura económica sobre narcotráfico, puedo afirmar que esas cifras de hace 13 años son exageradas. Hacia 1987-1992, cuando los carteles de Medellín y de Cali dominaban el comercio mayorista de la droga en Estados Unidos, los ingresos brutos del narcotráfico fueron calculados en cerca de US$6.000 millones (4% del PIB) por Ricardo Rocha(1999); Roberto Steiner y Alejandra Corchuelo, en otro estudio del mismo año, dedujeron una cifra mayor, de 5% del PIB.

Los combates contra el cartel de Medellín —Pablo Escobar es ultimado en 1993— y el de Cali hacen reducir la participación colombiana en el negocio global: en 1998, el ingreso bruto por narcotráfico era calculado en US$4.300 millones, un tercio de la cifra afirmada por Cristina de la Torre.

Daniel Mejía y Daniel Rico, en un libro compilado por Alejandro Gaviria y Mejía (Uniandes, 2011), calculan de manera seria el valor agregado por el narcotráfico en 2,3% del PIB en 2008, equivalentes a $13,6 billones, todavía rondando US$6.000 millones, cifra muy importante que explica el financiamiento de los paramilitares, de la insurgencia y de la inmensa corrupción destapada en los últimos tiempos. Los políticos fletados y elegidos por los narcoparamilitares han estado presentes por tres décadas, hicieron parte de la alianza política del anterior gobierno y sólo han sido aislados parcialmente de los partidos que conforman la Unidad Nacional de la administración Santos.

El combate a las dos grandes organizaciones criminales llevó a la atomización del negocio en el país y a su control por grupos más pequeños de narcos, por paramilitares y por las Farc. Los agentes colombianos perdieron el acceso directo al mercado norteamericano, que quedó en manos de los carteles mexicanos. Se especula que el ingreso por la distribución mayorista puede representar hoy US$18.000 millones a los tres carteles de México, lo cual ha hecho explotar el nivel de violencia en el norte de ese país y aún en ciudades industriales como Monterrey.

Cristina de la Torre está convencida de que la recuperación de tierras usurpadas en el Urabá antioqueño (41.000 hectáreas) destruirá el bastión agrario del narcotráfico, algo que está por verse. Van 40 años de inversiones de las familias mafiosas en el campo y los paramilitares han desplazado campesinos de entre 6 y 8 millones de hectáreas en toda la geografía nacional. Eso no se disipará con el deseo.

En el combate al narcotráfico, el apretón colombiano de la oferta llevó al desplazamiento de la mayor parte del negocio hacia México y Centro América, pero la producción de hoja y base de coca quedó acá. Lo que informan Gaviria y Mejía es que esa lucha ha sido un fracaso; insisten en que más vale atacar el transporte de la droga que fumigar los cultivos y que hay que reducir la demanda en el propio imperio para comenzar a obtener resultados.

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