Palabra de ministro

Los ministros elegidos por Álvaro Uribe Vélez para sostener su tercer periodo en el poder tienen un centro común: el sector privado. Seis del ramillete ministerial provienen del empresariado más puro, con sus visiones tradicionales de un modelo económico que beneficia concretamente a sus gremios, varios de ellos con experiencia nula en cargos estrictamente políticos, y todos con la obediencia y sumisión a la línea ideológica que los eligió para defender la estructura vital de la doctrina: la refundación de la historia sobre los pilares intocables del neoliberalismo y la moral sectaria.

La primera alocución del ministerio más activo y protagónico desde el centro mismo de la seguridad, entendida por ellos como una vigilancia progresiva para regular todos los focos, la hizo Guillermo Botero: rugiente ministro de Defensa sin trayectoria en temas afines o similares. El expresidente de la Federación Nacional de Comerciantes ha hecho su primera afirmación amenazando las futuras protestas sociales con la regulación, que no es otra cosa que un eufemismo evadiendo una palabra de tradición en el paradigma del uribismo: represión: un modelo ya demostrado con experticia en los dos gobiernos anteriores del caudillo a quien ahora obedece en silencio.

No es coincidencial que su primera afirmación pública sea precisamente esa, y no resulta simplemente anecdótico que lo haga justamente ahora cuando siguen cayendo en desbandada y por todas las regiones los líderes que han pretendido desafiar las fuerzas que se resisten a la reestructuración de la historia y de sus zonas neurálgicas donde se concentra el poder supremo de esta historia feudal: la tierra y sus documentos legítimos; los baldíos y sus hectáreas intocables; la concentración de territorios arteriales en manos de pocos gamonales que alcanzaron el suficiente poder para forzar desde el anonimato el destino de una sociedad que apenas conoce la bruma sobre sus principios históricos.

Pero nada de esta propuesta tan amenazante y temeraria ha sido recibida con el mismo espanto con el que hubieran recibido los medios y la opinión esa misma y exacta amenaza proveniente de un hipotético ministerio de Izquierda. El escándalo alcanzaría resonancia internacional y una petición alarmante ante los organismos humanitarios para estar al tanto de una dictadura creciente y metódica. Pero lo dice la Derecha en sus primeros pronunciamientos oficiales después de la elección de un súbdito, y todo parece común y rutinario entre el paisaje de todos los excesos de un modelo conocido. Nada parece ser tan insensato y peligroso si esa promesa proviene de la palabra de los empresarios unidos que han sostenido la realidad desde siempre con sus dogmas sagrados. Ahora son ministros y podrán decidir sobre el futuro sin intermediarios, sin mayores consensos, sin intentos descomunales por concertar alianzas y exigir políticas con favores a cambio.

Cuando quieran concretar acciones más finas y delicadas entre las grutas del establecimiento, saben que contarán con Alberto Carrasquilla: el cauteloso ministro de Hacienda que ha estado a la sombra de las decisiones económicas más puras y que unirá todos los bloques y las fuerzas para impedir que este nuevo paraíso fiscal no vuelva nunca más a los barrancos de ese humanismo lastimero que pretende jugar con el dinero público que ahora les pertenece oficialmente a ellos: los patriarcas de la ley y el orden.