Pandemia y empleo

Después de seis meses de encierro y en medio de las iniciativas para abrir las economías, se evalúa cómo les ha ido a los distintos países en el manejo de la pandemia. No quedamos bien en las comparaciones internacionales. A pesar de las cuarentenas, según lo muestra José Leibovich, muchos países han podido mantener sus tasas de desempleo por debajo del 10 % y menos de 20 muertos por cada 100.000 habitantes. En Colombia, la tasa de desempleo llegó al astronómico 20 %, con más de 40 muertos por cada 100.000 habitantes. Se destruyó un número relativamente alto de empleos, sin el beneficio de una menor letalidad.

Es evidente que la gran prioridad del país debería ser recobrar rápidamente los empleos. No se puede optar por no hacer nada y esperar a que la economía prenda motores para que, poco a poco, la gente vuelva a conseguir trabajo. Ya se sabe que la recuperación será lenta, a tal punto que numerosos analistas sostienen que solo en 2022 el PIB volverá a alcanzar sus niveles de marzo de este año. Y otros añaden que, muy seguramente, lo hará con menos empleos que antes, ya que, gracias a la pandemia, se ha acelerado el proceso de digitalización de la economía, algo que va a permitir producir lo mismo con menos trabajadores (con ahorro de viajes, desplazamientos, trámites y papeleos).

Los variados planes y proyectos de reactivación que vienen contemplando las autoridades son necesarios, pero si no se emplean mecanismos expeditos tendrán que someterse a la tradicional lentitud del movimiento de los pesados engranajes de las burocracias y a las fuertes restricciones fiscales, de tal manera que su mayor contribución a la generación de empleo sólo se observará en el mediano y largo plazo.

Se sabe también que, sin una profunda reforma laboral estructural, Colombia no va a reducir significativamente sus tasas de desocupación e informalidad, cifras que ya eran demasiado altas incluso desde antes de la pandemia. Pero nadie está hablando en estos días de una verdadera reforma laboral.

Esto ocurre, en buena parte, porque en los foros donde se discuten los temas laborales no se oyen ni se hacen presentes los principales afectados: los desempleados, los informales, los jóvenes sin trabajo, las personas maduras que no pueden volver a emplearse, las pequeñas y medianas empresas urbanas y rurales. Allí interactúan, sobre todo, grupos relativamente blindados de los problemas de empleo: las grandes empresas urbanas, los sindicatos de empleados públicos, con puestos estables, relativamente bien pagados, con salud, educación y seguridad social. Y el otro protagonista de los procesos de concertación, el Gobierno Nacional, raramente asume la vocería de las mayorías excluidas. En ese ambiente se crean las condiciones para que Colombia, en medio de la inmovilidad, siga manteniendo una de las mayores tasas de desempleo de la región.

La solución exige liderazgo, creatividad y representación efectiva de los intereses de los afectados. Aparte de las medidas de corto plazo de los esperados planes de reactivación, uno de los pocos motivos de esperanza es la misión de empleo, convocada por el Gobierno, en cabeza de los economistas Santiago Levi y Darío Maldonado, con cuyas propuestas se podrían abrir caminos para que, por fin, se puedan adoptar reformas estructurales para reducir el desempleo y la informalidad.