Pandemia y reformas

Ante los estragos que está causando la pandemia y el predecible estado de devastación en que van a quedar muchos de los indicadores económicos y sociales, ya se comienzan a bosquejar las reformas correctivas que tendrán que adoptarse cuando se superen las fases más críticas de la emergencia.

La primera puntada la dio el propio ministro de Hacienda cuando comentó, después de señalar el fuerte aumento de la deuda pública que se está produciendo en estos meses, que iba a ser necesario discutir una nueva reforma tributaria en 2021. Aunque el presidente se apresuró a desestimar este anuncio, el conjunto del país económico –empresarios, académicos y analistas– sabe que esta reforma es inevitable y, es más, ya debate sobre los que podrían ser sus puntos principales.

Y, como es natural, de la mano de esa reforma tributaria será necesario revisar numerosos rubros del gasto público y, sobre todo, eliminar los costosos subsidios que benefician a sectores privilegiados, entre los cuales sobresalen las insostenibles pensiones de los grupos de altos ingresos que se sufragan con los escasos recursos públicos.

Ya que es evidente que la pobreza tendrá un aumento dramático en los próximos meses, la orientación de la política social será un tema central del debate. Como en el caso de la reforma a los impuestos, desde hace un tiempo algunos de sus rasgos centrales ya se están discutiendo, entre ellos la implantación de un moderno esquema de ingreso básico proporcionado por el Estado a los pobres y grupos vulnerables. El desarrollo de esta política no parte de cero. El país ya cuenta con varios programas como Familias en Acción y Adulto Mayor y, en medio de la crisis, acaba de montar Ingreso Solidario, un sistema de transferencias que beneficiará a tres millones de personas. Todas estas iniciativas deben integrarse y armonizarse, mediante mecanismos avanzados de focalización, con los subsidios a los servicios públicos y otros programas del Estado. El diseño de un esquema único, que consolide y amplíe los modelos de subsidios vigentes (excluyendo a los múltiples colados), que evolucione y se adapte a las cambiantes necesidades de la población, será, sin duda, una de las reformas inaplazables en el futuro próximo.

También se sabe que la reforma laboral no se puede seguir aplazando. Como es claro que el país saldrá de la pandemia con un enorme nivel de desocupación, un nuevo conjunto de normas laborales tendrá que orientarse a generar y promover el empleo. Esto no será fácil ni rápido (después de la crisis de 1999 pasaron más de 15 años antes de que las tasas de desempleo se acercaran a niveles de un dígito). A lo anterior hay que añadir que, por motivo de la pandemia, el aparato productivo se está digitalizando y automatizando en forma notable, un factor de carácter permanente que dificultará aún más la creación de nuevos empleos.

El creciente convencimiento de que será necesario modificar algunas reglas de juego que regían hasta el comienzo de la emergencia, muchas de ellas obsoletas incluso antes de la crisis, es un buen punto de partida de la discusión sobre las numerosas reformas que necesitará el país de la pospandemia. Aunque el debate se intensificará en 2021, no es claro si estas se adoptarán el próximo año o si se postergarán para 2022, después de que comience el próximo gobierno.

 

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