Por: Sergio Otálora Montenegro

Papayazo histórico

Como ha queda demostrado, con suficiencia de pruebas, el uribismo es su máximo caudillo, y ya. De ahí no pasa. El hombre fuerte, que maneja todos los hilos del poder, no permite el desarrollo de otros liderazgos. Su presencia omnímoda convierte a experimentados dirigentes políticos, en dóciles alfiles.

Por eso, sin Uribe en la brega electoral, su movimiento no es más que una colección de pequeños protagonismos, ansiosos de lograr el guiño del gran timonel, como fórmula mágica para reproducir, más o menos, el milagro electoral de hace ocho años. El supuesto ábrete sésamo del triunfo, la seguridad democrática,  tiene pies de barro.

Ese panorama parecido a una estampida,  abre una interesante oportunidad electoral  para aglutinar a un gran sector social que ha experimentado, en estos dos períodos presidenciales,  los rigores de una estrategia  que ha combinado el fuego sin tregua con el asistencialismo. Para los que han tenido que afrontar, en carne viva, el desplazamiento, la persecución y la amenaza permanente de  muerte, la vía de la negociación con la insurgencia sigue vigente. Es claro: el uribismo no es una ruptura histórica, sino una fase más del conflicto armado, con sus contornos internacionales inéditos y una correlación de fuerzas, en el plano militar, favorable al Estado. Esta vez, las Farc son las golpeadas a fondo, como en el pasado lo fueron el ELN o el M-19.

Es curioso que una persona de los quilates intelectuales de Jorge Orlando Melo escriba lo siguiente: “Puede que la guerrilla se haga ilusiones, pero por fortuna el país ya no aceptará nuevos Caguanes”. Algo parecido se dijo con la tormentosa experiencia del gobierno de Belisario Betancur: que nunca más sería posible en nuestro suelo que alguien, por más bien intencionado que fuera,  le entregara a los subversivos, en bandeja de plata, nuestra sagrada institucionalidad republicana.

Y diecisiete años después, se da el polémico y audaz despeje del Caguan. Esta fórmula de negociación y  el proceso de paz de Belisario,  fueron el resultado de una acumulación de hechos políticos y militares que obligaron a replantear el camino seguido. La administración de Betancur recogía un anhelo popular de paz, y era respuesta a una deslegitimación severa de la democracia. El gobierno de Andrés Pastrana, con la desmilitarización de una amplia porción del territorio nacional, expresaba, al mismo tiempo, un nuevo deseo ciudadano de resolver la balacera por medios civilizados y  la circunstancia irrefutable de que la guerrilla estaba a punto de quebrarle el espinazo al Ejército, es decir, de apuntarse una victoria estratégica de efectos políticos devastadores.

Por supuesto que hablar de una salida política al conflicto armado en el presente, no significa repetir las mismas estrategias del pasado. Las circunstancias y los protagonistas son otros. Una amplia coalición de centro izquierda, que ponga en perspectiva real lo que fueron estos ocho años de la era Uribe, debe tener muy en cuenta que hoy la paz corre por otros senderos: que los desplazados puedan regresar a sus tierras; que se abra un amplio espectro de negociación con la guerrilla y con los paramilitares para que, en un verdadero proceso de reconciliación, reparación y justicia, los dos sectores puedan convertirse, sin impunidad de por medio,  en actores políticos civiles; que se aboque de frente el tema del narcotráfico, gran motor de nuestra tragedia, con posibles negociaciones serias y consensos políticos tanto internos como con Estados Unidos. 

Ese es el gran papayazo que nos ha dado la Corte Constitucional con su fallo contra el referendo reeleccionista.  Aprovecharlo a fondo, sin mezquindades y con grandeza, es tarea urgente de los lideres progresistas de Colombia.

 

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