Paquete navideño

Como parte del mercadeo político, la reforma tributaria –aprobada por el Congreso– pasó por ser bautizada Ley de Financiamiento y, más recientemente, Ley del Crecimiento y del Empleo. Lo más curioso: no hay argumentos fuertes para decir que la reforma del Gobierno incrementa los ingresos tributarios o que vaya a generar más crecimiento y empleo.

Y, además de poner en riesgo el nivel de financiamiento del sector público, la reforma parece afectar la progresividad –que aquellos de más altos ingresos paguen más–.

El uso de la pila bautismal es lo de menos para el Gobierno, en su afán de forrar en papel navideño el paquete de medidas tributarias y propiciar la aceptación popular. Intentan también convencer a la gente de respaldar la reforma porque se habla de un IVA social, que será devuelto a las familias con menos ingresos, a través de mecanismos como el Sisbén o Familias en Acción. Este artilugio es innecesario, y no es necesariamente el más eficiente para atender las necesidades de la gente. Innecesario porque, en principio, podríamos tener una estructura de impuestos menos regresiva, con menos IVA, para atender las necesidades de los más pobres –incluso para financiar mejor el Sisbén–. Ineficiente porque no es del todo claro que los subsidios individuales o familiares sean la mejor forma de atender a los pobres, en lugar, por ejemplo, de usar los recursos públicos en la provisión de educación y salud a mayor escala.

En medio de tantos eufemismos –como parte del mercadeo político–, si lo que gusta es lo social de los nombres, y si hay una preferencia por mecanismos de destinación específica de impuestos, propongo que, así como en su momento se crearon impuestos al patrimonio para la seguridad democrática, se tramite hoy, en un nuevo contexto de país, un impuesto a la riqueza para lo social. Lo pagaría el 5 por ciento de los colombianos más ricos y sería destinado exclusivamente para educación primaria y salud en las zonas rurales, por ejemplo.

No habría necesidad de subir luego el IVA. El impuesto sería progresivo. El gasto tendría altos retornos sociales. Y nos ayudaría a disminuir la deuda social que tiene el país.

Con liderazgo político, los más ricos estarían seguramente dispuestos a participar en este proyecto de país. Podría llamarse la ley de la Solidaridad. Así, de paso, si no están dispuestos, usamos la creatividad del Gobierno de poner nombres bonitos a las reformas para aliviar el malestar de los contribuyentes. Esa reforma sería un mejor regalo navideño para la sociedad que la que acaba de aprobar el Congreso.

* Ph.D. en Economía, University of Massachusetts-Amherst. Profesor asociado de Economía y director de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana (http://www.javeriana.edu.co/blogs/gonzalohernandez/).