¿Para qué detener a Aníbal Gaviria?

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Después de conversar personas cercanas al actual gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, hay una palabra repetida: decente. Lo definen como una persona sin escándalos, historias turbias o delitos. Hablan de su carácter familiar, la sinceridad de sus opiniones, el respeto hacia las personas y la ausencia de rencor después del asesinato de su hermano Guillermo por parte de las Farc.

Muchos lo definen como conciliador y capaz de lograr acuerdos entre personas con ideas distintas. El pasado lunes 18 de mayo, en una entrevista realizada en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, Aníbal Gaviria manifestó su compromiso con la paz, una palabra que ya es rara en un Gobierno Nacional con el que ha aumentado el asesinato de líderes sociales (hasta el 17 de mayo eran 100 los asesinados, según el conteo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz) y con un fiscal incoherente y ambiguo.

El viernes pasado, la Fiscalía General de la Nación anunció su decisión de imponerle a Aníbal Gaviria medida privativa de la libertad por “irregularidades” en el contrato firmado el 22 de diciembre de 2005 para “mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz, tramo La Cruzada, Caucasia, sector Nuevo Oriente Escarralao”. Lo asombroso no es que la justicia quiera tener respuestas, sino las circunstancias y la velocidad repentina de la Fiscalía por encontrarlas. El asunto fue retomado 15 años después de la firma, la indagatoria se realizó el pasado 16 de abril de forma virtual —ni siquiera pudieron esperar el fin del confinamiento para hacerla en persona, un método más efectivo— y se hizo una detención innecesaria y apresurada.

Esto genera preguntas en un país donde las personas pueden ser absueltas si tienen amigos o contactos en el lugar indicado y donde la ley no siempre tiene que ver con la moral. ¿Quién fue el responsable de activar el proceso y lograr una detención en tan poco tiempo? ¿Tuvieron que ver en esto los excandidatos a la Gobernación de Antioquia que antes acusaron a Aníbal Gaviria de tener investigaciones?

Aunque el gobernador elegido no ha tenido roces con el presidente ni sus colaboradores y su gestión ha sido reconocida, algunos se preguntan si en este proceso ha estado involucrado Luigi Echeverri, amigo personal del presidente Iván Duque y a quienes algunos responsabilizan, entre otras cosas, de impedir el nombramiento de Frank Pearl como presidente de Asocaña por haber apoyado el Acuerdo de Paz. ¿Pretende el fiscal Barbosa ganar respeto a través de investigaciones fugaces a mandatarios locales? ¿Se confesó la senadora Paola Holguín al citar en Twitter a Montesquieu?: “Una justicia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad”.

En un país con expresidentes investigados sin haber sido detenidos, con apropiación de terrenos baldíos o inversión de dineros ilegales en 500 municipios sin sentencias —según escribió Alejandro Reyes Posada—, las medidas contra Aníbal Gaviria generan preguntas que ojalá él y sus colaboradores cercanos puedan resolver pronto. Por el bien de sus electores y del país. La Corte Suprema tiene una oportunidad valiosa para demostrar que a la justicia colombiana aún le queda un poco de dignidad.

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