Paralelos clandestinos

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Las guardas de los resguardos de rentas fueron armadas a finales de la década de 1930, reglamentadas por los códigos de rentas, sancionadas por las asambleas departamentales. Eran órganos con funciones de policía cuya creación, que en un comienzo se pensó transitoria, estuvo relacionada con el no pago de las rentas y el contrabando desaforado del momento. Su misión era mantener los monopolios industriales con los que contaban los departamentos. Es decir, de aguardiente, tabaco y loterías. No se trataba de cuerpos privados, pues tenían la calidad de empleados públicos: eran nombrados libremente por los gobernadores y cumplían funciones determinadas por la ley.

Como tales, los resguardos tenían la capacidad de hacer allanamientos y buscar sospechosos de fraude en las rentas, sin tener en cuenta la presunción de inocencia. Como grupo de hombres armados, se dedicaron inicialmente a atosigar y violentar a los hombres y mujeres que osaban competir con las industrias departamentales, vendiendo tragos caseros o contrabandeando Marlboros. Más allá de los códigos, las ordenanzas y nuestro enamoramiento por las formas, los resguardos de rentas fueron siempre semiclandestinos. Quizá por el propósito mismo de su creación, pues para luchar contra alambiques secretos y contrabandistas baquianos en los ires y venires transfronterizos, los mentados resguardos funcionaron a veces como pandillas de infiltrados, a veces como cuadrillas de represión.

Con los años y la calentura partidista, se iniciaron como agentes de persecución política. Durante la República Liberal, en días de elecciones, hicieron tal vez los primeros allanamientos y encarcelamientos de adversarios políticos. Pero fue años después, a lo largo del gobierno de Laureano Gómez y al comienzo de la década del 50, que sus rutinas de violencia contra civiles considerados “sospechosos” (líderes o personas y familias liberales) se salieron de madre. Cientos de detenciones arbitrarias, hostigamientos y ataques fueron denunciados en departamentos centrales como Boyacá. Pero la mayoría de intervenciones de los resguardos se hicieron en zonas de frontera, como Norte de Santander, en donde no se sabe a ciencia cierta hasta qué punto llegaron sus excesos.

Una historia un poco similar es la del Esmad. Como los resguardos, los escuadrones móviles antidisturbios se crearon transitoriamente en 1999 bajo la presidencia de Andrés Pastrana y se formalizaron por decreto en la primera administración de Álvaro Uribe. Su misión es controlar disturbios, multitudes y bloqueos, para restablecer el orden. Para esto participan en desalojos de espacios públicos o privados, o en cualquier parte en la que haya una “eventual materialización de hechos terroristas y delincuenciales”. Más allá de los decretos, los cursos de derechos humanos y nuestro enamoramiento por las formas, los comandos del Esmad han sido siempre semiclandestinos. Aparecieron en un momento de degradación del conflicto armado tras el fracaso del Caguán y la aprobación de las platas del Plan Colombia, y como tales se dedicaron a asumir siempre la relación entre la protesta o movilización social y los grupos guerrilleros.

Entre sus crímenes se encuentran el asesinato de Dilan Cruz y los cientos de heridos y detenciones arbitrarias de fechas como el paro agrario de 2013 y el Día del Trabajo en 2005. En el período que va de 1999 a 2018, las acciones de este escuadrón resultaron en la muerte de 18 personas en Bogotá, según la organización Paz y Reconciliación. Pero la mayoría de las intervenciones del Esmad se han hecho al suroccidente, en el departamento del Cauca, en donde no se sabe a ciencia cierta hasta qué punto han llegado sus excesos.

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