Paramilitarismo: ¿restaurando la red?

Avanza el paramilitarismo en su renovada estrategia de colonizar el poder público. A ello contribuye —por candidez o por marrulla— la pachorra con que el fiscal Barbosa “investiga” la ñeñepolítica, hija putativa del Proceso 8.000, en cuya virtud paras de la Guajira habrían aportado dinero por debajo de la mesa a la campaña electoral que consagró presidente a Iván Duque. La rubrica su trampa de lupanar de colgarle sospechas en el caso a Petro, porque sí, sin pruebas, por ser adversario mayor del que sí parecía prender velas en el entierro de la legalidad, en gozosa parranda con el Ñeñe. La etérea cortina de humo no podía sino desvanecerse en el acto, para notificarle al país que la Fiscalía, lejos de templo de la justicia, era nicho de una secta política. La del presidente y su fiscal.

A la nueva avanzada del paramilitarismo ayuda también la normalización de los crímenes horrendos cometidos por el jefe de las Autodefensas, alias Jorge 40, por interpuesto nombramiento de su hijo precisamente como coordinador oficial de las víctimas del conflicto. La ministra de la política, Alicia Arango, se propone producir un giro mágico en la memoria de la guerra: convertir en noble conciliador al verdugo, sin que éste diga la verdad que lacera a los dolientes de su desenfreno, ni los repare ni emita voz de pesar o contrición. Un insulto a la dignidad de víctimas de atrocidades sin cuento.

El hijo de 40 es parte del sueño renacido de su padre que apuntó no sólo a la violencia para controlar territorios y gentes, sino a la toma del Estado para refundar la patria bajo la enseña de un pacto social de inocultable sabor fascista. Tejió una compleja red de poder que, según el Centro de Memoria Histórica, decidía quiénes serían alcaldes, gobernadores y parlamentarios. Que no araba en el desierto lo ilustra el hecho de que en tiempos de la Seguridad Democrática contara el paramilitarismo con la tercera parte del Congreso. Congreso que se postró de hinojos ante Mancuso, en pleno capitolio, con las honrosas excepciones de Gina Parody y Rafael Pardo. Operaba entonces con eficiencia la red de empresarios, políticos, narcos, paras y algunos militares, que hoy busca reactivarse ocupando posiciones de mando en el poder público.

No le parece casual este nombramiento a Cecilia Orozco: obedecería al “entramado de lazos de amistad, poder y política en la zona (del Cesar y la Guajira), de años de dominio paramilitar”. Juan M. Daza, viceministro de Nancy Patricia Gutiérrez y subalterno de Uribe, lo habría introducido en el Ministerio. Daza es hijo del secretario general de la Fedegán de José Félix Lafaurie. A éste lo reemplazó Daniel Palacios, interlocutor de la Caya y el Ñeñe en una grabación de la ñeñepolítica. Hoy es jefe de la Unidad Nacional de Protección. ¡Bien apretada la tenaza sobre las víctimas!

Fue la nuestra una guerra de combatientes sobre todo contra la población civil. Si en ella perpetraron las guerrillas el 90,6 % de los secuestros entre 1970 y 2010, los paramilitares se llevaron la palma en masacres, asesinatos y desapariciones. Con la consigna de que sus víctimas eran guerrilleros vestidos de civil, eliminaron a los adversarios políticos y castigaron a poblaciones enteras por sus preferencias electorales. Caso estelar, las masacres de Segovia: 46 muertos en un día y más de 200 graneados en el año de 1997. Tras la masacre venían el desplazamiento y el despojo de tierras. En masacres fue adalid Jorge 40, cuyo regreso al país es inminente. Al parecer, se dan pasos hacia la restauración de la red paramilitar que sirva a una segunda toma del Estado. Las guerrillas comunistas no lo harían mejor: les faltarían los aliados que llevan siglos en el poder.

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